Sin citación formal de la Presidencia de la Cámara, desde las 14 comenzó una sesión especial autoconvocada por un conglomerado de opositores férreos -el kirchnerismo- y otros “dialoguistas” cuyo temado es aumento a jubilados, la prorroga de la moratoria y la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El primer tema fue el proyecto que prevé una suba para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% y elevar el bono a $110.000. Tras un extenso debate, con 52 votos afirmativos, ningún voto negativo y 4 abstenciones la Cámara Alta acompañó la iniciativa.
De esta manera, los haberes mínimos, tomando como base los montos actuales, pasan de $309.294,79 en $441.564. Mientras que en el caso de los haberes máximos los montos cambiaran de $2.081.261,17 a $2.231.111.
Además se otorgó un aumento en el bono, el cual pasara de 70 mil pesos a 100 mil pesos y se actualizará por inflación.
Sin embargo, desde Casa Rosada afirman que de aprobarse los aumentos, se vetará la ley y si el Congreso consigue los votos para rechazar el veto irán a la Justicia.
El Ejecutivo busca mantener el equilibrio fiscal a como dé lugar. “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el deficit cero”, desafió el presidente en sus redes sociales tras la votación.
Prorroga de moratoria provisional
Con 39 votos afirmativos, 14 negativos y una abstención, se convirtió en Ley la extensión por 2 años de la moratoria previsional para que unas 220 mil personas puedan jubilarse, de acuerdo con una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Los requisitos para acceder a la moratoria son: contar con más de 65 años; ser argentino, naturalizado con 10 años de residencia o extranjero con 20 años viviendo en el país; y no cobrar ningún otro beneficio previsional.
Cabe recordar que el 23 de marzo de 2025 perdió vigencia por lo que todo aquel jubilado/a que no cumplían con los 30 años de aportes requeridos tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.
Ley de Emergencia en Discapacidad
Por una unanimidad – 56 afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones – se declaró la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027. La inciativa sancionada contiene la Regularización de pagos y actualización de aranceles; Reforma del sistema de pensiones no contributivas; Fortalecimiento institucional; Transparencia y rendición de cuentas; Compensaciones económicas; Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD); Fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día; y Cumplimiento del cupo laboral.
El detalle de cada uno de los puntos:
Regularización de pagos y actualización de aranceles: se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La iniciativa declara el sistema de interés público nacional.
Reforma del sistema de pensiones no contributivas: el proyecto busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio.
Fortalecimiento institucional: se plantea mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.
Transparencia y rendición de cuentas: el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
Compensaciones económicas: el proyecto incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD): se propone que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, establezca los lineamientos para la certificación de la discapacidad, considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.
Fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día: se asignan recursos específicos y compensaciones para garantizar su funcionamiento continuo.
Cumplimiento del cupo laboral: reafirma la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público. (APFDigital)