El Congreso dio un paso clave en la prevención del suicidio de niños, niñas y adolescentes: se firmó de forma unánime un dictamen que articula un proyecto de ley orientado a abordar la salud mental de este grupo etario, informaron a AIM fuentes parlamentarias.
El texto, al que tuvo acceso AIM, es fruto de un acuerdo entre las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, surgió con el aval de todos los bloques políticos y con el respaldo de 60 firmas a favor.
Supo AIM que la iniciativa contempla la creación de un «Plan Nacional de Prevención del Suicidio en Niñas, Niños y Adolescentes», que articula contenidos obligatorios en escuelas, capacitación para adultos responsables y líneas de atención 24 horas, entre otros ejes.
Según destacó el proyecto presentado, existen vacíos legales: “La Ley de Salud Mental es muy poco amplia en lo referido a la protección de los niños y adolescentes”. Desde la Comisión de Familias, se recalcó que la problemática del suicidio en las infancias y adolescencias requiere “políticas públicas efectivas, federales y con perspectiva de derechos”.
Estadísticas que alarman
Los datos publicados recientemente revelan una situación preocupante en Argentina:
En el grupo de adolescentes entre 15 y 19 años la tasa de suicidio alcanzó los 12,7 cada 100.000 habitantes.
Entre abril de 2023 y abril de 2025, se notificaron 15.807 intentos de suicidio en todo el país, lo que representa un promedio de 22 episodios por día.
En 2023, en mujeres de entre 10 y 19 años se registraron 148 muertes por suicidio, por encima de lo que provocaron los tumores (119) o los accidentes (103) en ese tramo etario.
Las tasas de riesgo fatal siguen siendo mucho mayores en varones que en mujeres, aunque las mujeres intentan más.
De acuerdo con organismos del sector, el suicidio es la segunda causa de muerte en niñas y niños de 10 a 19 años en el país.
Estos números demuestran que la acción legislativa no es sólo simbólica: responde a una realidad grave que está atravesando a vastos sectores de la juventud.
¿Qué propone la iniciativa?
Según fuentes parlamentarias que hablaron con AIM, el proyecto apunta a varios ejes concretos:
Campañas permanentes de concientización sobre la salud mental, dirigidas a familias, educadores y comunidad.
Capacitación obligatoria para madres, padres, docentes y adultos responsables, con el fin de detectar señales tempranas de riesgo.
Incorporación de contenidos obligatorios en la currícula escolar vinculados a salud mental, prevención del suicidio, detección de crisis.
Creación de un registro federal de datos para intentos y consumaciones de suicidio, permitiendo políticas basadas en evidencia actualizada.
Línea gratuita nacional operativa 24 horas para crisis psicológica en niñas, niños y adolescentes, articulada con escuelas, salud y servicios sociales.
Articulación entre el Estado nacional, las jurisdicciones provinciales, el sistema escolar, salud pública, organizaciones sociales y el ámbito académico.
Importancia del momento
Que el dictamen se haya firmado por unanimidad es señal de que las fuerzas políticas coinciden en la urgencia del tema y en la necesidad de una intervención integral, más allá de las diferencias partidarias, informaron a AIM fuentes parlamentarias.
Dado el aumento sostenido de los indicadores de riesgo —y la magnitud del impacto sobre las infancias y adolescencias— esta ley aspira a ser un instrumento estructural de cambio, y no sólo una medida puntual.
Lo que debe venir
Ahora el proyecto queda en condiciones de avanzar al recinto para su tratamiento. El desafío estará en las etapas que siguen:
Asegurar que el texto final incluya mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas (algunos diputados ya pidieron que la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes audite anualmente la ley).
Garantizar que cada provincia implemente los mecanismos federales que se propongan, dado que la incidencia del suicidio varía por jurisdicción.
Dotar de recursos concretos (personal en salud mental, líneas de crisis, formación docente, seguimiento escolar) para que la norma no quede en papel.
Medir los resultados con el registro federal anunciado: sólo así se podrá ajustar la estrategia y ver si baja la tasa de intentos y consumaciones.
El dictamen marca un hito, pero ahora deberá transformarse en políticas concretas en terreno para que los menores y adolescentes sepan que el Estado los acompaña, escucha y actúa.