Argentina atraviesa una crisis profunda en materia de salud mental. Durante 2024 se registraron 4.249 suicidios, la cifra más alta desde que existen mediciones oficiales en el país, lo que equivale a una muerte autoprovocada cada dos horas, según datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad.
La estadística marca un récord histórico nacional y, por primera vez, ubica a la Argentina por encima del promedio mundial. La tasa local ronda los 9 suicidios cada 100 mil habitantes, mientras que la media global se sitúa en torno a 8,2, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El impacto del fenómeno también se refleja en el sistema sanitario. Datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) indican que se registran 22 internaciones diarias por intentos de suicidio, lo que evidencia que por cada persona que muere, al menos dos intentaron quitarse la vida. En este contexto, el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte violenta en el país, por encima de los siniestros viales y los homicidios.
Especialistas coinciden en que se trata de un problema multicausal, con fuerte incidencia de factores económicos y sociales. La inestabilidad económica, la pérdida del poder adquisitivo y la precarización laboral aparecen como detonantes de angustia y desesperanza, especialmente entre adolescentes y jóvenes, el grupo más afectado por el crecimiento sostenido de estos indicadores.
A esto se suma la falta de acceso oportuno a tratamientos de salud mental, sobre todo en el interior del país, y el peso del estigma social que aún rodea a los trastornos mentales, lo que retrasa la búsqueda de ayuda y dificulta la detección temprana por parte del entorno familiar o social.
Desde la OMS remarcan que el suicidio es prevenible si se interviene a tiempo sobre los factores de riesgo. Sin embargo, en Argentina persisten falencias estructurales, entre ellas la implementación incompleta de la Ley Nacional de Salud Mental, la falta de presupuesto y la escasez de dispositivos comunitarios de contención.
El escenario actual expone la necesidad de acciones urgentes del Estado, mayor inversión en salud mental y un cambio cultural que permita hablar del tema sin prejuicios. La detección temprana de señales de alerta y el acceso rápido a asistencia profesional pueden ser determinantes para salvar vidas.
fuente abc diario