El Gobierno nacional amplió plazos para que provincias adhieran al régimen de compensación de deudas y presenten documentación hasta 2027, en busca de ordenar las cuentas públicas.
El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado nacional y las provincias, con el objetivo de facilitar acuerdos de compensación de deudas y avanzar en el saneamiento de las cuentas públicas. La medida se formalizó a través del Decreto 171/2026 publicado en el Boletín Oficial.
La norma introdujo cambios al Decreto 969/2024, que había creado este régimen como herramienta para cancelar total o parcialmente las deudas entre distintas jurisdicciones. Según se explicó, la decisión respondió a la necesidad de ampliar plazos y permitir la incorporación de más provincias al esquema.
Más tiempo para adherirse y presentar documentación
Uno de los puntos centrales del decreto fue la extensión del plazo para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no se habían adherido puedan manifestar su intención de participar. A partir de ahora, contarán con 60 días hábiles administrativos desde la entrada en vigencia de la medida.
Además, se fijó una nueva fecha límite para la presentación de documentación respaldatoria: las jurisdicciones podrán presentar informes técnicos y acreditar la legitimidad de sus deudas hasta el 31 de diciembre de 2027.
El Gobierno argumentó que esta prórroga permitirá avanzar en la compensación de nuevas obligaciones y profundizar el proceso de ordenamiento fiscal iniciado en 2024.
Nuevas reglas para acuerdos y validación de deudas
El decreto también estableció cambios en los procedimientos de validación. Tanto el Estado nacional como las provincias serán responsables de elaborar los informes técnicos y validar las deudas o acreencias que propongan incluir en el régimen.
Asimismo, se determinó que, en caso de divergencias entre las partes, se abrirá una instancia de negociación bajo principios de buena fe y lealtad federal, con un plazo máximo de 180 días hábiles para alcanzar un acuerdo.
Otro aspecto relevante es que la intervención de la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación quedará limitada a los casos en que existan litigios judiciales o arbitrales vinculados a las deudas en discusión.
Objetivo: avanzar en el saneamiento fiscal
Desde el Ejecutivo señalaron que el régimen ya permitió celebrar acuerdos con distintas jurisdicciones y avanzar en la regularización de deudas, aunque aún quedan compromisos pendientes.
Con esta modificación, el Gobierno busca ampliar la participación de provincias que no habían adherido y consolidar un mecanismo que permita reducir pasivos cruzados entre niveles del Estado.
La medida se enmarca en una estrategia más amplia de ordenamiento fiscal y coordinación financiera entre Nación y provincias, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad de las cuentas públicas en el mediano plazo.