En los últimos dos años, más de mil menores se han visto involucrados en causas judiciales en toda la provincia. Los datos estadísticos arrojan números que alarman: ocho de cada 10 no está escolarizado.
Las estadísticas oficiales de la Policía de Entre Ríos ponen sobre la mesa una realidad compleja: en los últimos dos años, más de mil menores se han visto involucrados en causas judiciales en toda la provincia.
Si bien los números totales muestran un leve descenso entre 2024 y 2025 —pasando de 624 a 560 casos—, el análisis profundo revela patrones preocupantes sobre la geografía y el tipo de delitos que involucran a nuestros jóvenes, reveló el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).
Otro dato duro que surge es ocho de cada 10 menores arrestados no están escolarizados, según información aportada por el fuero de Menores del Poder Judicial a Cuestión de Fondo. La mayoría niños y niñas abandonó la escuela en primer año de la Secundaria. La falta de contención familiar, la crisis económica y la desocupación impactan de lleno en los menores que muchas veces se quedan solos en sus casas.
Desde hace un año el Poder Judicial y el Consejo General de Educación (CGE) vienen trabajando en un convenio que se estaría por firmar en los próximos días y que tiene como fin reinsertar a los chicos al sistema educativo. Además, establece la formación en un oficio.
El proyecto es de articulación -entre el Sistema Penal Juvenil de Paraná y la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (C.G.E). El objetivo claro es buscar que las personas menores de edad al momento de un hecho delictivo, imputadas, acusadas o declaradas penalmente responsables de la comisión de un delito puedan realizar la finalización de los estudios obligatorios y acceder a cursos de formación profesional y capacitación laboral.
Lo que se intenta con esta idea, más allá de articular políticas, es agilizar la reinserción escolar.
Paraná y la desigualdad regional
Lo primero que salta a la vista al analizar los números es la enorme concentración de casos en un solo punto: el departamento Paraná. Pero el centro de la escena es la capital entrerriana.
Mientras que en la mayoría de los departamentos las cifras son de un solo dígito o no superan los 30 casos anuales, la capital provincial registró 329 casos en 2024 y subió a 336 en 2025. Esto significa que más de la mitad de los menores con causas judiciales en toda la provincia pertenecen a Paraná, dejando muy atrás a otros centros urbanos como Concordia o Gualeguaychú.
La adolescencia en riesgo
Los datos son contundentes: no se trata de niños pequeños, sino de adolescentes que en la mayoría de los casos tienen severos problemas de adicciones. La franja etaria que va de los 12 a los 17 años representa la inmensa mayoría de los registros. Por ejemplo, en 2024, de 625 menores involucrados, 613 eran adolescentes, frente a solo 12 niños de entre 6 y 11 años.
Esta tendencia se mantuvo en 2025, confirmando que el conflicto con la ley se dispara al ingresar en la adolescencia secundaria. Al analizar qué delitos cometen, el panorama es variado pero alarmante. En el acumulado de estos años, las lesiones encabezan la lista con 303 casos, seguidas muy de cerca por los hurtos (265 casos) y los robos (134 casos). La mayoría de los delitos son cometidos con el único fin de comprar estupefacientes.
Sin embargo, lo que más preocupa a las autoridades es la violencia y el uso de armas.
Los informes registran en los últimos dos años: 39 casos de abuso de armas; 30 casos por tenencia de armas de fuego y 10 homicidios en los que hubo menores involucrados (involucrados no quiere decir que hayan disparado o cometido el crimen).
Estas cifras no son solo números; son un llamado de atención sobre la eficacia de las políticas de contención juvenil que no están funcionando adecuadamente hace año. No obstante, lo peor de todo es que ahora el gobierno nacional con el apoyo del Congreso logró bajar aprobó bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La nueva ley en breve le permitirá procesar a adolescentes desde los 14 años, con penas alternativas para delitos menores y un máximo de 15 años de prisión para casos graves.
La única salida a los problemas con los menores, la dirigencia política la intenta solucionar con cárcel, instituciones que están lejos de poder lograr reinsertar a una persona en la sociedad, pero no porque el Servicio Penitenciario Provincial no tenga personal capacitado, si no por la falta de infraestructura e inversión.
Con un 2026 que ya registra 126 casos en sus primeros meses, la pregunta que queda para el análisis es ¿qué harán las autoridades para revertir está situación tan grave y que va en aumento?
fuente ahora9