El Gobierno detectó presuntos “desvíos críticos y sobreprecios” en compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante 2025. En un documento interno, el Ministerio de Salud analizó pagos efectuados para adquirir sillas de ruedas, andadores y prótesis, y las diferencias entre lo facturado y los precios de referencia oscilan entre el 300% y el 1.000%. En algunos casos la brecha supera el 2000%.
“El análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público”, dice el documento al que tuvo acceso LA NACION, que está en manos de la Justicia.
En el rubro sillas de ruedas, el presunto sobreprecio llegó al 2000%. La adquisición de un andador registró una diferencia del 4239% entre el monto que le facturaron al Estado y el “valor de referencia obtenido para un equipo de prestaciones idénticas”.
El relevamiento de las autoridades del área de Salud recabó, por ejemplo, que el 8 de julio de 2025 una contratista de Andis recibió un pago de $425.000.000 por un sistema de “válvulas bicaval transcatéter”, un insumo utilizado para corregir el funcionamiento de válvulas del corazón. En marzo, señala también el informe, el PAMI había pagado por el mismo producto $124.200.000. Es decir, Andis lo pagó un 242% más caro.
El documento fue firmado el 10 de abril por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. Fuentes del Gobierno, consultadas por LA NACION, lo catalogaron como “un informe de hallazgos preliminares”. Las mismas fuentes explicaron que “el Ministerio de Salud identificó posibles inconsistencias, las documentó y las canalizó por las vías institucionales correspondientes”. Ahora está en manos de la Justicia.
Forma parte de la causa que investiga un presunto fraude millonario en la Andis y que tiene entre sus procesados, a Diego Spagnuolo, máxima autoridad durante parte del período analizado. Consultado por LA NACION, su abogado, Mauricio D’Alessandro, señaló que el informe no le atribuye al exdirector ninguna intervención en la maniobra, ni prueba tampoco conocimiento de la misma.
El documento recolectó 37 facturas de seis proveedores del Estado. Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Imnova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat recibieron pagos por $18.100 millones.
Farma Salud es la empresa que más fondos absorbió: $7900 millones. Para este lunes está llamado a indagatoria uno de sus socios mayoritarios, Osmar Mariano Caballi, un contador que tuvo un paso fugaz como director general de Andis durante el gobierno de Alberto Fernández.
El jueves pasado declararon los otros dos socios de la firma, Hernán Darío Rasmussen y Maximiliano Ariel Perdiechizi, un exdirector técnico del fútbol de ascenso. Ambos presentaron un descargo por escrito en el que rechazaron las imputaciones. Rasmussen sostuvo que la empresa, creada por ambos en 2004, había permanecido largo tiempo inactiva por problemas económicos, hasta que en 2024 les presentaron a Caballi, quien -según indicó en su escrito- les ofreció acercarles nuevos negocios a partir de su experiencia en el área de salud. De ese modo, explicó, Caballi terminó convertido en el socio mayoritario de la firma.
LA NACION intentó contactarse con el resto de las empresas señaladas en el documento a través de sus canales institucionales, pero al momento de publicación de este artículo, no emitieron comentarios.
Bymax Medical, a la que no se la pudo contactar vía correo electrónico, registró domicilio comercial en la calle Defensa 1368, según sus facturas emitidas en octubre del año pasado. El gerente de Bymax es Patricio Oscar Acosta, pareja de la exfuncionaria de Andis ya procesada Lorena Di Giorno, que responde a Miguel Ángel Calvete, uno de los lobistas de las droguerías investigados en esta causa. Según publicó este diario en noviembre pasado, Calvete se reunió allí con Spagnuolo en agosto de 2025. Su hija, Ornella Calvete, debió renunciar a su cargo en el Ministerio de Economía cuando en uno de los allanamientos le secuestraron 700.000 dólares en efectivo en su departamento.
Farma Salud quedó en el foco por la diferencia de precio entre lo abonado por Andis y el PAMI en la compra del sistema de válvulas bicaval transcateter.
El informe oficial utiliza la expresión “desvíos que resultan técnicamente indefendibles” para referirse a las facturas emitidas por la Ortopedia Bernat. Dentro de ellas se encuentra la venta de un andador, que es la que registró el presunto sobreprecio más alto medido en porcentaje (4239%). Pero ese no fue el único caso. “Se observan desvíos sistemáticos”, describieron al referirse a otras compras como la de una silla de ruedas para un chico de nueve años.
Precisamente, Artrobone aparece con más de una decena de facturas por sillas de ruedas. Una de ellas tiene como fecha el 9 de octubre del año pasado y un paciente de Córdoba. Su monto: $19 millones. El informe señala que su “precio de referencia nacional” alcanza los $1.279.999.
Algo similar se observa con Bymax Medical. Una de sus facturas por una silla de ruedas tiene como precio unitario $19 millones. Es decir, unos $15 millones por encima de lo que las autoridades señalaron como “valor referencia mercado”.
El informe oficial reitera este tipo de observaciones en compras de Andis a las firmas Expo Trauma y Cirugía y Ortopedia Imnova. Sobre las ventas de esta última cuestiona: “Las opciones de industria nacional en aluminio serie 6000 resuelven el requerimiento clínico de forma eficiente. El uso de aleaciones serie 7000 o componentes importados mencionados por el proveedor no representa una ventaja necesaria ni terapéutica, que valide semejante erogación del Tesoro Nacional”.
Las invitaciones
De la causa surge que las contrataciones se llevaron a cabo a través del Siipfis (Sistema integrado de información y administración de prestaciones), un mecanismo digital ideado para agilizar procesos de compra, en cuyas licitaciones participaba un pequeño grupo de empresas.
La prueba recabada en la Justicia sugiere que los involucrados lo habrían vulnerado seleccionando de antemano qué empresas ingresaban a competir y cuáles se quedaban afuera. En ocasiones participaban empresas de una misma familia –la familia Sagués, llamada a indagatoria-; en otras, empresas que no hacían ninguna oferta formal. En esas condiciones, según la hipótesis fiscal, se simularon competencias con sobreprecios.
“Lejos de constituir una garantía de transparencia, terminó funcionando como una herramienta que, bajo la fachada de imparcialidad y automatismo, permitió el despliegue de maniobras orientadas a beneficiar a determinados proveedores de manera ilícita y orquestada”, señaló el fiscal Picardi en uno de sus dictámenes.
La acusación fiscal gradúa la responsabilidad de las personas involucradas en al menos dos grandes grupos. Caballi, el contador que declara este lunes, señalado por sus socios como el responsable de los nuevos negocios con el Estado, pertenece a lo que el fiscal Picardi llamó el “grupo museo”, con arreglo al nombre del grupo de WhatsApp que compartían sus miembros: los exdirectores de la agencia, Daniel María Garbellini y el médico Pablo Atchabahian y Patricio Gustavo Rama, un operador comercial vinculado a las droguerías Génesis y New Farma. Junto a Miguel Ángel Calvete, sin cargo oficial pero sí con funcionarios de la agencia que le respondían, definían a quienes se invitaba a las compulsas de precios.
“¿Me invitarían específicamente a estas?”, le pedía Caballi a Calvete, en julio de 2025. Mensajes similares le envió el médico Atchabahian al funcionario Garbellini, solicitándole la “inclusión” de determina firma.
Debajo de ellos hay funcionarios de segundo orden, operadores externos, gestores, familiares, secretarias, parejas y empleados que conforman un segundo anillo de responsables. En total, fueron llamados a indagatoria 49 personas.
La estrategia que siguen muchos de ellos es pedir la nulidad de toda la causa y cuestionar el origen de los audios atribuidos a Spagnuolo que hicieron explotar el caso, en los se habla de un presunto sistema de coimas dentro de la Agencia. En respuesta a un pedido de la Cámara Federal, el juez Ariel Lijo ordenó a fines de abril realizar un peritaje de aquellas grabaciones. (APFDigital)