El Gobierno estudia distintos programas para generar empleo de cara a la pospandemia. La idea oficial es migrar de los planes sociales y de salvataje, como fueron el ATP y el Repro, a herramientas que promuevan la creación de empleo privado. Los ministerios de Trabajo y Desarrollo Productivo tienen en estudio atender el problema de la informalidad y del desempleo joven.
Por su parte, los programas más avanzados se encuentran en el ministerio de Desarrollo Social, en los que buscarán atender a los trabajadores de la economía popular, a través de oficios y de la reconversión de planes sociales en empleo. Del lado empresario, el pedido es bajar impuestos o cambiar las leyes laborales.
La cartera que conduce Daniel Arroyo tiene actualmente vigente el programa Potenciar Trabajo, en el que el Estado paga a un millón de personas la mitad de un salario mínimo por tareas en comedores, reciclado, construcción cuidado, textil, construcción o cooperativos. A julio, ya lleva ejecutado el 72 por ciento del presupuesto, con un gasto de $80 mil millones. Sin embargo, la idea del ministerio es combinarlo con el sector privado.
Por estos días, entre el ministerio y el Renatep están firmando convenios con cámaras empresarias en un programa de empleo relacionado a oficios. Como ejemplo, fuentes oficiales mencionan el avance realizado con la Federación de Panaderos. La idea es que una panadería contrate a una persona, lo forme en el oficio durante un año y medio, con un trabajo de 25 horas semanales. El sueldo será un salario mínimo, la mitad pagada por el Gobierno, y la otra mitad por la pyme o el comercio. “Sería una capacitación paga, que cuando termina te deja con un oficio para salir a buscar trabajo, las empresas lo ven con buenos ojos, pero todo el proceso se vuelve lento por los abogados de las cámaras empresarias que quieren evitar problemas como los juicios”, contó una fuente que sigue de cerca el avance del programa.
El otro programa en el que trabaja el ministerio de Desarrollo Social es que los planes sociales, como es el Potenciar Trabajo, no se den de baja cuando una persona consigue un empleo en blanco. La parte del plan que paga el Estado se descuenta del sueldo, por lo que en la práctica funcionará como un “ATP” o subsidio al salario. Este es uno de los reclamos que realizan cámaras como la Unión Industrial Argentina (UIA).
Del lado empresario, desde pymes hasta las grandes, las propuestas al Gobierno para generar empleo tienen que ver con bajar impuestos, o cambiar las leyes laborales, como modificar el régimen de indemnizaciones por un seguro de desempleo. Aducen que ese es el motivo por el cual la generación de empleo va más rezagada que el repunte de la actividad económica. De hecho, pese a la mejora del empleo en los últimos meses, hay 120 mil puestos menos que en febrero 2020.
Mientras tanto, la cartera del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, lleva adelante un programa de promoción de empleo en conjunto con las provincias (ya adhirieron 14 gobernadores). Las empresas industriales y agroindustriales que sumen trabajadores a su nómina tendrán subsidiada una parte de los sueldos y descuentos en el pago de las contribuciones patronales durante tres años, siendo montos más grandes en el caso de mujeres y personas trans.
Entre la cartera de producción y el ministerio de Trabajo estudian un programa para poder llegar a los jóvenes, que es la franja etaria con los mayores índices de desempleo (en el caso de las mujeres, llega al 24,9 por ciento). Las pymes que contraten a estos jóvenes tendrán subsidiada una parte de los salarios (el subsidio es menor a medida que la empresa es más grande) y podrán acceder a una baja de las contribuciones patronales.
La conexión entre quienes aspiren a un empleo y las pymes se realizará a través de una bolsa de trabajo, llamada Portal Empleo. El sitio ya se encuentra vigente, dado que fue lanzado en marzo, pero todavía no está en funcionamiento. Por eso es que en mayo pasado el ministerio firmó un convenio con el registro nacional de las personas (Renaper) para validar las identidades de los ciudadanos interesados en las políticas de empleo, pero también en formación profesional y capacitaciones.