Aseguran que el objetivo es que los sueldos de los trabajadores -así como las jubilaciones y, eventualmente, los planes sociales- se ubiquen nominalmente un par de puntos por encima de la variación que tendrá en 2021 el costo de la canasta básica. Los detalles del pacto serán el eje mañana de un encuentro del Gabinete económico.
La iniciativa deberá recorrer un camino de negociación interna tanto en la CGT y el resto de las centrales obreras como en las cámaras empresarias, las más reticentes a la firma del entendimiento.
Según los impulsores, no será un compromiso de congelamiento sino de “acompañar una convergencia” de ambas variables con la inflación.
La administración de Alberto Fernández comenzó a sondear esta alternativa en diciembre en charlas informales con gremialistas y empresarios. La idea de implementarlo en febrero, con una foto del propio Presidente con actores centrales de ambos espacios, tiene que ver con fijar una pauta estable para las paritarias antes del arranque del grueso de las negociaciones, a partir de marzo. Se prevé que el acuerdo será una herramienta que correrá en paralelo con el meneado Consejo Económico y Social aunque esta última institución permanece sin convocar a pesar de que el mandatario dijo públicamente que lo haría por decreto antes de fin de este mes, publica Ámbito Financiero.
No obstante, la CGT reclamó garantías de que las paritarias deberán celebrarse con libertad de criterios. Eso implicará que no habrá imposición de pisos y techos para las negociaciones pero que cada dirigente deberá tener en cuenta que, a partir de su base salarial de arranque para la discusión, la expectativa de aumento para sus representados tendrá como parámetro la pauta presupuestaria. En otras palabras, si en 2020 un sector gremial consiguió empatarle a la inflación, este año podrá negociar aumentos que no deberían superar 32% en promedio.