De acuerdo a los planes iniciales, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, se dispone a otorgar una suba de entre 28 y 32 por ciento, mientras que la CGT y las dos vertientes de la CTA exigen como piso el número de la canasta familiar de pobreza del Indec, valuada en $ 31.148. Es decir, un incremento de casi el 150%. Así el acuerdo se anticipa improbable, aunque el ministro podría laudar y definir el alza de manera unilateral, como ya se dispuso en 2017 y 2018.
La definición del nuevo piso salarial impactaría en unos 400.000 trabajadores fuera de convenio y es importante porque sirve como referencia para el salario inicial docente (hoy es de $15.000 y por ley debe estar al menos un 20% por encima del salario mínimo); los planes sociales (la mitad del monto representa el salario social complementario) y los haberes jubilatorios (la evolución del salario mínimo determina el valor diferencial de la jubilación básica con el 82% móvil de aquellos con más de 30 años de aporte).
Además, el salario mínimo es un indicador para el trabajo informal y para actividades que no están sindicalizadas en jornadas laborales de ocho horas. Actualmente es de $12.500 o de $62,50 la hora para los jornalizados, mientras que la prestación por desempleo parte de un mínimo de $2907y un máximo de $4652.
El Consejo del Salario está integrado por 16 representantes de las cámaras empresarias, como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural y la Cámara Argentina de Comercio, y la misma cantidad de actores de los trabajadores, con la CGT y la CTA, entre ellos.
Tras la magnitud de la movilización de anteayer y por la incidencia que el aumento tendría en los planes sociales, se suma en esta ocasión a la mesa la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), cuyo líder es Esteban Castro.
Según el diario La Nación, a diferencia de años anteriores, en la CGT esta vez no hay ánimo de concilar y aceptar la propuesta oficial.