Se trata del proyecto de ley de “buenas prácticas en la utilización de fitosanitarios y domisanitarios en la provincia de Entre Ríos”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Gustavo Bordet que tomó estado parlamentario en diciembre de 2022 y que recién comenzó a debatirse este mes en la comisión legislativa que preside el socialista Juan Manuel Rossi.
En el anterior encuentro de la comisión, el legislador había adelantado que se convocará a organizaciones productivas, vinculadas al cuidado del medio ambiente, referentes de salud, miembros de la comunidad científica, representantes de las Universidades y a organizaciones intermedias que trabajan en la temática”.
“Asumimos el compromiso de escuchar a todos los sectores involucrados en este tema para encontrar una propuesta superadora que contemple el ambiente, la producción y la salud de las y los entrerrianos”, señaló.
“Queremos contribuir para impulsar un modelo de producción sostenible ambiental y socialmente. Aspiramos a tener unas de las leyes más modernas del país referida a este tema que hace años debió ser tratado y quedó siempre guardado en algún cajón”, enfatizó.
El proyecto
El proyecto establece que las distancias mínimas para las pulverizaciones con agrotóxicos donde haya personas es de cien metros para las realizadas de forma terrestre y 200 metros para las aéreas.
A su vez, se dispone un régimen específico si en la zona hay instituciones educativas rurales: se establece “una distancia de 150 metros medidos desde el perímetro de la escuela para delimitar la zona de exclusión, siendo para aplicaciones aéreas la distancia de 500 metros, medidas desde el perímetro del establecimiento educativo”.
A partir de esta distancia se considera una zona de amortiguamiento que va desde el límite de la zona de exclusión (150 metros del perímetro) a 500 metros para equipos terrestre; desde el límite de la zona de exclusión para equipos aéreos (500 metros del perímetro de la escuela) hasta los 3.000 metros. (APFDigital)