La administración provincial emitió un comunicado tras la demanda iniciada por el grupo de acreedores ante la falta de pagos de la deuda de 500 millones de dólares.
El Gobierno de Entre Ríos emitió un comunicado en el que lamentó que el Grupo Ad Hoc de Bonistas -que poseen 60% de los 8,75% bonos con vencimiento en 2025- los hayan demandado ante la falta de pagos por la deuda pública provincial.
“La Provincia lamenta que los inversores hayan designado a una firma de abogados de Nueva York como su interlocutor en lugar de un asesor financiero como es práctica de mercado, lo que hubiera facilitado el análisis de las cuentas públicas provinciales entre especialistas en economía y finanzas, y no en litigios”, señala el comunicado que fue publicado por la agencia Télam.
La comunicación oficial también lamentó “que (los acreedores) en cada ocasión que han tenido oportunidad han optado por amenazar a la Provincia y sus funcionarios con el inicio de acciones legales si no se aceptan sus inflexibles imposiciones”.
Negociaciones
En este sentido, se aseguró que Entre Ríos “ha evidenciado su buena fe en las negociaciones desde el comienzo del proceso, incluso mejorando su propuesta en tres oportunidades, sin un correlato similar de parte de sus acreedores”.
“Dichas propuestas, han sido debidamente publicadas en la página oficial del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia, al vencer los distintos acuerdos de confidencialidad firmados conforme lo establecido en estos últimos”, señala el comunicado.
Cabe recordar que el Gobierno provincial emitió, en 2017, el Bono ER 25 con un capital de 500 millones de dólares pagadero en tres amortizaciones (2023, 2024 y 2025) y una tasa de interés semestral del 8.75%.
“Las condiciones que hoy afectan al país y a la Provincia eran imposibles de prever a la fecha de la emisión del Bono. Una gran devaluación en 2018 fue seguida de una aguda recesión que llevaron al Gobierno anterior a recibir el rescate más grande de la historia del FMI e imponer estrictos controles cambiarios en 2019. A dicha crisis se sumó una pandemia sin precedentes en 2020”, subrayó el Gobierno de Entre Ríos.
Default
En tales circunstancias, el 8 de agosto de 2020, la Provincia manifestó que se vio imposibilitada de hacer frente a un cupón de deuda de Bono ER 25, y se inició de inmediato un proceso de reestructuración -que para los bonistas es default- mediante un diálogo “constructivo y de buena fe” con los principales acreedores, según se informó.
“Es importante destacar que si bien la proyección presupuestaria para este año contempla el pago de los cupones del Bono ER 25 y arroja un superávit en el resultado primario, el mismo no incluye en otros aspectos pauta salarial alguna, ni consideraciones referidas a mayores gastos y disminución de recursos provocados por las consecuencias de la pandemia, lo cual es sabido por los acreedores”, aclaró el comunicado.
De esta manera, el Gobierno de Entre Ríos fijó su posición frente al grupo de acreedores que presentó en los tribunales de Nueva York una demanda por una presunta deuda de US$ 11,9 millones, en concepto de pagos de intereses no realizados.
La deuda que reclaman correspondería al pago de intereses de los US$ 500 millones en bonos con vencimiento en 2025, que la provincia de Entre Ríos tiene en circulación y que pretende reestructurar.