La medida forma parte de la política de ajuste fiscal. En este caso, se trata del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal. Ya se disolvieron otros 21 fondos.
En el marco de la revisión, saneamiento o disolución de los Fondos Fiduciarios Públicos, el Ministerio de Economía definió a través del Decreto 234/2025 el cierre definitivo del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF), que, en línea con los 21 fondos disueltos anteriormente, registraba un “pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”, argumentó Nación.
Este Fondo había sido creado en 1999 con el objetivo de financiar obras de ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica de alta tensión, para abastecer la demanda o interconectar regiones eléctricas. En ese sentido, para los ingresos del Fondo se había establecido un porcentaje sobre el recargo de las tarifas que pagan las empresas distribuidoras y los grandes usuarios por compras en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), porcentaje que tuvo diversas modificaciones.
No obstante, según cuestionó el Gobierno, una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) arrojó como resultado diversas falencias en el funcionamiento del FFTEF. Entre ellas se destaca el incumplimiento del Reglamento de Contrataciones; significativas demoras en la ejecución de las obras; las inconsistencias en la registración de las operaciones y las transferencias efectuadas; la imposibilidad de realizar un control de trazabilidad de los fondos aplicados; y estados contables no auditados ni ajustados por inflación.
Asimismo, plantearon que la disolución de este Fondo Fiduciario no alterará la continuidad de la política pública para financiar las obras necesarias para ampliar el sistema de transporte de energía eléctrica, tarea que seguirá a cargo de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía
Es por eso que, atento a las falencias encontradas en el funcionamiento del FFTEF, el Gobierno reafirma “su voluntad de lograr una gestión pública más eficiente, transparente y orientada al bienestar común, garantizando el uso racional de los recursos públicos y fortaleciendo el control sobre las finanzas públicas”.