En medio de nuevos y crecientes reclamos de dos sectores que, desde poco después del comienzo de la gestión de Javier Milei, advierten por el ajuste que sufren, el Gobierno tiene como intención reabrir la discusión sobre discapacidad y financiamiento universitario en el Congreso.
Así pudo saber Parlamentario, tanto de fuentes oficialistas como opositoras, a las cuales ya se les transmitió que el Ejecutivo tiene en carpeta discutir reformas a las leyes que fueron impulsadas el año pasado por la oposición, vetadas por el presidente y posteriormente insistidas por amplias mayorías.
Incluso, en diciembre pasado, ya con una composición parlamentaria más favorable a La Libertad Avanza, el oficialismo vio fracasar el capítulo incluido en el Presupuesto que buscaba la derogación lisa y llana de las leyes 27.793 y 27.795.
En el caso de Financiamiento Universitario, Casa Rosada se apresta a apelar la implementación de la norma ante la última instancia judicial: la Corte Suprema. En marzo pasado, la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno y le ordenó cumplir de inmediato con la ley.
Un mes antes de ese revés, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto para reformar la norma, pero hasta ahora no se puso en discusión.
En cuanto a discapacidad, todavía no hay definición sobre si el Gobierno piensa en una reforma a la Ley de Emergencia o directamente a la Ley de Discapacidad (22.431). Este tema también tuvo sus fallos judiciales y en febrero pasado se publicó en el Boletín Oficial su reglamentación. Sin embargo, el colectivo de organizaciones de personas con discapacidad mantiene el reclamo por la plena implementación de la ley. “Las prestaciones tenían atraso y ya hubo actualización”, justificó a parlamentario.com una fuente del oficialismo.
Según supo Parlamentario, sobre lo que habría intención de avanzar es en establecer criterios más rigurosos para la obtención del Certificado Único de Discapacidad.
Ley Hojarasca, próxima parada
En lo que respecta a la Cámara de Diputados, el oficialismo buscaría llevar al recinto en los próximos días el proyecto de “Ley Hojarasca”, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La iniciativa, que fue presentada en 2024 y reenviada semanas atrás, busca ponerle fin a un abultado conjunto de leyes que ya no tienen efecto, fueron superadas por normas posteriores, se considera que “limitan libertades” o tienden a la burocratización. Puntualmente, propone la derogación total de 63 leyes, la derogación total de dos decretos y la modificación de otras tres normas.
La semana próxima funcionarios de la cartera de Desregulación asistirían a un plenario de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda a defender el proyecto. En caso de contar el oficialismo con las voluntades de sus aliados, podría haber dictamen y llevarse a una sesión el miércoles 22.
Se demora el Tratado de Patentes, clave en el acuerdo con Estados Unidos
La segunda semana de abril terminó con una seguidilla de reuniones de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, que tuvo una única y destacada suspensión: el plenario que iba a realizar junto a Legislación General e Industria para discutir la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), clave en el marco del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.
Se trata de una iniciativa que cuenta con media sanción del Senado desde 1998 y que LLA busca desempolvar para cumplir con uno de los compromisos asumidos con la gestión de Donald Trump.
Aunque el 30 de abril era la fecha límite para cumplir con tal aprobación, fuentes del oficialismo descartaron que se llegue. “Es un tema que está llevando adelante Cancillería”, revelaron a este medio. Así, LLA se encuentra a la espera de las órdenes del Ministerio comandado por Pablo Quirno, pero ya da por sentado que no se tratará en una eventual sesión del 22 ni la semana siguiente, marcada por la visita del -cuestionadísimo- jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Varios motivos giraron en torno a la suspensión del plenario y, entre ellos, uno de los más resonantes fue el fuerte rechazo que salieron a manifestar los laboratorios nacionales, que se verían afectados al no poder copias fórmulas. Es que, de acuerdo al tratado, una vez que se registre una patente por parte de un país miembro, ésta tendrá 20 años de validez en todos los países adheridos.
Eliminación de las PASO: un anhelo “muy difícil” para el Gobierno
El Gobierno tiene entre sus prioridades la idea de avanzar con una reforma política, que incluya la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios en la Boleta Única de Papel y modificaciones sobre la constitución, vigencia y financiamiento de los partidos políticos.
Sin embargo, desde LLA admiten que ven “muy difícil” la posibilidad de eliminar las primarias. El año pasado, para las legislativas, el consenso con la oposición dialoguista alcanzó solo para la suspensión. Conscientes de que sus principales socios del Pro y la UCR no están de acuerdo con la eliminación directa, y sin que asome un “plan B” hasta ahora, hay quienes afirman que si no se pueden suprimir buscarán nuevamente su suspensión en 2027, año presidencial. El argumento de la gestión libertaria radica en el costo fiscal que tienen esos comicios para resolver internas de los partidos. (APFDigital)