El oficialismo en el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma judicial tras un extenso debate en el que defendió que la iniciativa “fortalecerá” la justicia federal, mientras la oposición lo cuestionó por “inoportuno” e insistió en que persigue “impunidad”.
El proyecto impulsado por el Gobierno, que apunta a la ampliación del fuero federal, fue aprobado con 40 votos a favor del Frente de Todos y 26 en contra de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, tras un debate de 10 horas y una votación caótica.
Hubo quejas de la oposición antes y durante la votación por la cantidad de modificaciones al proyecto -con creación de juzgados y cámaras- leídas sobre el final, que según dijeron no habían sido siquiera informadas.
Durante el debate, el Frente de Todos destacó que la iniciativa permitirá el “fortalecimiento de la Justicia Federal” en la ciudad de Buenos Aires y especialmente en las provincias, y afirmó que apunta a “la necesidad de recuperar la independencia de los jueces”, con críticas al proceder del Poder Judicial durante la gestión de Mauricio Macri.
Por su parte, Juntos por el Cambio remarcó que el proyecto apunta a “lograr un sesgo de impunidad” y puso un manto de dudas sobre la creación de nuevos cargos para la justicia federal de las provincias, al acusar al oficialismo de usar eso para “negociar” los votos que le faltan en Diputados.
La oficialista María de los Ángeles Sacnun destacó que se hicieron “modificaciones” al proyecto para “mejorarlo”, y acusó a la oposición de “cerrada” por no sugerir “ningún cambio a un proyecto que no estaba cerrado” y rechazó que pretenda “buscar impunidad”.
“El artículo 14 establece que ninguna causa va a ser sacada a los jueces naturales, todas seguirán siendo instruidas por los mismos jueces”, subrayó la santafesina en este sentido, al tiempo que destacó que la iniciativa tomó cosas del plan “Justicia 2020” de la gestión anterior.
La cordobesa Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio) sostuvo que “no es un cambio para acercar la justicia a la gente en cosas del día a día” sino para modificar “la Justicia Federal Penal que atiende a los poderosos, a los que cometen delitos de corrupción”.
“Este proyecto es simplemente un engranaje más en un plan estratégico para lograr un sesgo de impunidad”, agregó la cordobesa, al tiempo que sostuvo que “han estado negociando cargos” en la nueva estructura judicial “con algunos de los que se espera que voten a favor en la Cámara de Diputados”.
El jefe de la principal bancada opositora, Luis Naidenoff, reforzó: “No es una reforma integral sino una reforma del fuero federal penal. La pregunta es ¿para proteger a quién? ¿Creen que con esta reforma paramos el narco en la Argentina?”.
“Que la Cámara de Diputados encuentre ese equilibrio que hoy nos está faltando”, agregó.
En tanto, el presidente de la bancada oficialista, José Mayans, subrayó que “antes de que el proyecto llegara al Senado la oposición ya se declaró en contra” y afirmó que la propuesta “asegura la mejora de la justicia federal en todo el país”.
Varios senadores del oficialismo, como el pamepano Daniel Lovera y el santafesino Roberto Mirabella, entre otros, destacaron la importancia de la ampliación en la estructura de la justicia federal con asiento en las provincias, que tienen causas sobre temas como narcotráfico y enfrentan problemas operativos.
Entre los opositores, la mayoría remarcó lo “inoportuno” del proyecto impulsado en medio de la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 y sostuvo que la reforma “no va a servir para modificar la realidad”, como opinó el porteño Martín Lousteau.
Su compañero de bloque mendocino Julio Cobos criticó el sistema de subrogancias del proyecto por entender que generará “jueces interinos, sin estabilidad y van a estar más condicionados”.
Los siguientes son los puntos salientes del texto aprobado hoy por la Cámara alta:
– Se unifican los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– Se crean 23 Juzgados en lo Penal Federal con asiento en CABA, que pasarán a identificarse con los números 24 a 46.
– Se transfiere la totalidad de la competencia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires.
– Los actuales ocho Tribunales Orales en lo Criminal Federal con asiento en CABA conservarán su numeración (del 1 al 8) y los cuatro Tribunales Orales Nacionales en lo Penal Económico con asiento en CABA pasarán a identificarse con la numeración continuada, del nueve al doce.
– Se crean cinco Tribunales Orales en lo Penal Federal con asiento en CABA, que serán integrados por tres miembros y una secretaría cada uno.
– La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal pasarán a formar una única Cámara denominada Cámara de Apelaciones en lo Penal Federal con asiento en CABA.
– Los sorteos de causas deberán ser grabados mediante medios técnicos, para garantizar la transparencia de éstos, bajo apercibimiento de nulidad.
– Las causas actualmente en trámite y radicadas ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, los Tribunales Orales Nacionales en lo Penal Económico, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, los Juzgados en lo Criminal y Correccional Federal y los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico continuarán su trámite ante esos mismos órganos hasta su conclusión.
– Se crean Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en las provincias y sus respectivos cargos de jueces, para lograr equidad en el sistema federal de justicia, y se crean nuevas Cámaras de Apelaciones, al igual que defensorías oficiales y cargos de fiscales, quienes tendrán un rol fundamental en el nuevo sistema acusatorio.
– Se trasladará una secretaría de cada uno de los actuales Juzgados en lo Criminal y Correccional Federal y en lo Penal Económico, denominados en adelante, Juzgados en lo Penal Federal 1 a 23, con sus respectivas dotaciones, a los Juzgados en lo Penal Federal 24 a 46 al momento de su habilitación.
– En los traslados de secretarías y, ante el pedido de organismo de derechos humanos, se dispuso que no se incluirá a aquellas que, al momento de entrada en vigencia de la presente ley, instruyan causas donde se investigan delitos calificados como crímenes de lesa humanidad.
– Se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, preservando el anonimato, además de las audiencias públicas.
– Con un cambio de último momento, se modificó el artículo sobre las reglas para los jueces que quedó redactado de la siguiente manera. Remarca la obligación de “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia indebida, en sus decisiones por parte personas, grupos de poder, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo. La influencia indebida no requerirá contenido económico para configurarse”.
– Respecto al sistema de subrogancias, uno de los puntos cuestionados por la oposición, se establece en el artículo 16 que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dentro del plazo de diez de la entrada en vigencia de la presente ley, elaborará y remitirá al Consejo de la Magistratura una lista con todos los magistrados del fuero criminal y correccional nacional que manifiesten su voluntad de subrogar los Juzgados del 24 a 46 del nuevo Fuero Penal Federal.
– El Consejo de la Magistratura elegirá de esa lista a los 23 jueces y juezas subrogantes dentro del plazo máximo de 30 días de su recepción. Para la elección se deberán ponderar positivamente los antecedentes curriculares que acrediten la especialización en la materia penal federal de los magistrados y las magistradas propuestas. Se deberá respetar la paridad de géneros en la selección, en tanto sea posible.
– El artículo 19 establece que los subrogantes permanecerán en sus cargos hasta tanto asuman sus funciones los magistrados y las magistradas titulares y que en ningún caso el subrogante podrá exceder el plazo de un año de subrogación desde la fecha de su designación.
– Se fijó un plazo de dos años para la instrumentación del Código Procesal Penal Federal que deberá implementar el nuevo sistema acusatorio, con mayor rol de los fiscales.