Será el broche de oro al peor mes de Javier Milei desde que asumió la presidencia: este jueves, el Senado tratará y sancionará finalmente la emergencia en Discapacidad. Será con una mayoría abrumadora, entre los que se anotarán varios aliados del Gobierno, y el Presidente quedará obligado a promulgarla. No habrá vuelta atrás: en medio del escándalo de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno deberá responder al reclamo de las familias de personas con discapacidad. No por cálculo político, sino porque la oposición le torció el brazo.
En la Casa Rosada predomina la resignación. Con Milei en California, y el riesgo país en escalada, en La Libertad Avanza se quedaron sin herramientas para evitar la próxima derrota legislativa. Pasaron solo dos semanas desde la última vez que la oposición le rechazó 5 decretos desreguladores y le sancionó la Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan y la Ley de Financiamiento Educativo. Todos los proyectos salieron con unos 60 votos -más de dos tercios de la cámara- y todo indica que, este jueves, el resultado será el mismo.
El peronismo cuenta con el apoyo del bloque radical, algunos díscolos del PRO -como Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez- y la gran mayoría de las fuerzas provinciales. Una demostración de fuerza que se hizo carne 24 horas antes, cuando en una reunión de labor parlamentaria la oposición hizo frente para impulsar la sesión ordinaria en el despacho de Victoria Villarruel. La vice no se opuso: sabe que perdió el control del Senado y no quiere que la acusen de incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública. Su apuesta está más allá: la vice firmó el divorcio con Milei hace meses y trabaja en un proyecto político propio.
En el caso de conseguir los dos tercios, Milei tendrá que promulgar la ley, porque así lo establece el artículo 83 de la Constitución Nacional. El Presidente amenazó con judicializar la ley, pero los antecedentes no son buenos: en agosto, el juez Adrián González Charvay hizo lugar a un amparo presentado por los padres de unos niños con discapacidad y declaró inválido el veto presidencial. En ese mismo fallo, el juez de Campana le recordó al presidente que tiene la obligación de cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que posee jerarquía constitucional.
La ley que el jefe de Estado vetó establece una actualización por inflación de las prestaciones, que están congeladas desde el año pasado (lo que llevó a que varios centros de inclusión estén al borde del cierre). También fija una revisión de las pensiones y la creación de otras nuevas: desde que el Gobierno inició el proceso de auditorías, se han suspendido más de 100.000 prestaciones. Hoy en día, las pensiones por invalidez laboral representan un 70% de la jubilación mínima. Es decir: $224.194.
La insistencia de la ley tendrá, además, un importante efecto simbólico: será la primera vez en más de 20 años que un Congreso lograr voltear un veto presidencial. La última vez que sucedió fue en marzo de 2003, durante la presidencia provisoria de Eduardo Duhalde, cuando el Congreso logró insistir en una ley que reducía los aranceles en la importación de azúcar.
Límites a los DNU
Además de la emergencia en Discapacidad, la oposición planea quitarle otra herramienta a Milei: la de legislar vía decreto sin aval del Congreso, informó elDiarioAr.
El objetivo es modificar la ley 26.122 que sancionó Cristina Fernández de Kirchner en 2006 y que reglamenta los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Hoy en día, los DNU tienen vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y, si bien deben ser aprobados por una cámara del Congreso para tener el peso de una ley, lo habitual es que nunca se traten y queden en vigor ad eternum. El proyecto de la oposición, sin embargo, pretende quitarle esta herramienta al Ejecutivo. No solo a Milei, sino a todos los futuros gobiernos nacionales.
El dictamen consensuado por los senadores de la oposición introduce dos cambios. Por un lado, elimina la sanción tácita y establece un plazo de 90 días para que el DNU se trate en el Congreso. Si se vence el plazo y las cámaras no lo aprueban, el DNU se caerá. Por el otro, establece la bicameralidad. Es decir que el DNU tendrá que aprobarse en ambas cámaras: si solo una cámara la rechaza, el DNU será volteado.
Será la frutilla del postre de la sesión opositora que, de aprobarse, deberá pasar a Diputados para su sanción efectiva. En la oposición se sienten empoderados: están decididos a anotarle una última derrota al Gobierno antes de las elecciones bonaerenses.
analisis