“Por lo que venimos escuchando la reforma política en la provincia y en el país se impone”. Lo dijo el autor de la ley electoral vigente en la provincia, Emilio Castrillón. Si bien la norma original luego tuvo modificaciones que la adaptaron a la ley nacional de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, la denominada Ley Castrillón fue un anticipo de lo que se vería luego a nivel nacional. Si en ese momento el entonces legislador fue capaz de anticipar lo que venía, porqué no pensar que mantiene esa capacidad de observación, más allá de que hoy sea el jefe del Poder Judicial entrerriano.
Se sabe que el gobernador Gustavo Bordet comunicará el 15, en la apertura de las sesiones ordinarias, su intención de modificar el sistema electoral y posiblemente envíe también un proyecto para iniciar la discusión. El oficialismo provincial ha hecho hincapié casi exclusivamente en la intención de promover el uso de la boleta única, que inicialmente se supone que será de papel, como la que se utiliza en Santa Fe.
Resulta dificultoso manifestarse en contra de un mecanismo que postula como principal ventaja que los electores voten al candidato que quieran, aunque elijan representantes de diferentes fuerzas políticas para los cargos en disputa, pues la boleta única elimina el arrastre electoral de la boleta sábana (todas las categorías electorales pegadas). Para eliminar el arrastre de la lista sábana se requiere, lógicamente, poder votar a diputados, senadores o concejales de a uno, y no por lista. Eso también es posible, por supuesto.
Lo que no se sabe hasta ahora es si la implementación de la boleta única en la provincia supone la eliminación de las elecciones primarias, tal como imaginaba el macrismo en la reforma electoral nacional que naufragó –o al menos se retrasó– el año pasado.
Las primarias no gozan de buena prensa porque duplican la cantidad de veces que hay que ir a votar y por esta razón también representan un costo significativo. Sin embargo, esas razones no tienen un peso determinante, como tal vez sí debería tenerlo el hecho de que cualquier ciudadano está habilitado para participar de las decisiones de un partido político que no integra, y que posiblemente no conozca.
En ese sentido la boleta única parece mantener la acción perjudicial sobre los partidos, vaciándolos de contenido en cierto sentido. Hay quienes opinan que la boleta única fomenta el “voto cruzado”, es decir votar a un partido a gobernador y a otro para diputados o senadores, lo que podría generar luego dificultades para el Ejecutivo.
Ese aspecto está considerado en la Constitución de Entre Ríos, que establece que los diputados se elegirán por distrito único y por un sistema de representación proporcional, pero de tal modo que se asegure al partido mayoritario la mayoría absoluta de la representación. Habría que ver cómo se adapta la boleta única provincial a ese mandato de la carta magna.
Por lo pronto, la idea sigue cosechando expresiones de apoyo de oficialistas y opositores, pero debería advertirse el debilitamiento de partidos políticos, que puede profundizarse; y eventualmente también la afectación de la gobernabilidad.
Como se dijo, es difícil criticar a un mecanismo que transparenta la voluntad electoral. Esa es su principal virtud. Pero también debería considerarse que su implementación está lejos de ser la solución mágica a todos los problemas. Eliminará posiblemente el efecto arrastre, que sería algo así como la versión distorsionada y maliciosa de un aspecto virtuosos: la unidad de criterios, programas y valores que debería ofrecer cada partido a la ciudadanía para hacerse cargo del gobierno a nivel local, provincial o nacional.
Pero lejos está la boleta única, por sí misma, de resolver otros aspectos negativos del sistema como las prácticas clientelares, el incumplimiento de las promesas de campaña y otras distorsiones de la voluntad electoral. Por esa razón , lógicamente, la reforma no puede agotarse en eso. En pocos días, seguramente, habrá más precisiones.