El Gobierno avanzará esta semana en la definición de un mecanismo de premios y castigos para alentar la vacunación y extender el proceso direccionado hacia los trabajadores en la vuelta a la presencialidad en sus respectivos empleos. Lo hará en acuerdo con las provincias, cámaras patronales y representaciones sindicales en un foro a resolver, siempre basado en el principio de “buena fe” vigente en la ley de Contrato de Trabajo.
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó durante el fin de semana el anticipo al señalar que las personas que acceden a inocularse “deben tener una ventaja” respecto de quienes lo evitan pese a estar en condiciones de hacerlo.
En el Gabinete explicaron que el diseño de la norma dependerá de un debate federal y con todos los actores involucrados, es decir gremialistas y empleadores. Sobre esa premisa el ámbito a discutirlo podrá ir del Consejo Económico y Social al Consejo Federal del Trabajo, que reúne a los ministros de las carteras laborales de todas las provincias bajo la capitanía de Claudio Moroni. Se trata de una definición legalmente compleja en vista de que la vacunación contra el coronavirus, a diferencia de la inmensa mayoría de esquemas de inmunización que figuran en el calendario nacional, todavía es optativa y no obligatoria.
Por esa condición el mecanismo en estudio se prevé más orientado a otorgarles beneficios a los trabajadores que decidieran vacunarse antes que a las sanciones que podría implementar un empleador frente a un dependiente que debiera retornar a sus labores presenciales y se negase a la inoculación. “Sin lugar a dudas quienes se vacunan obtienen un beneficio individual y aportan a un beneficio colectivo; ellos tienen que tener una ventaja con respecto a quien decide no vacunarse. Pero en esta etapa no es la mayoría ese grupo” declaró el sábado Vizzotti a AM 750 y fue la primera voz oficial en poner la discusión en agenda.
La funcionaria explicó que el Gobierno “no descarta” implementar una norma para abordar la vacunación de los trabajadores, aunque matizó que esa instancia no es inminente dado que de momento “la oferta no satisface las necesidades de la demanda”. Es decir que todavía es mucha más la población con interés en ser vacunada que la provisión de dosis para darle respuesta. De hecho, en Europa y en países desarrollados la variante Delta adquirió preponderancia y disparó nuevas olas de contagios sobre todo entre sectores resistentes al proceso de vacunación, algo que las autoridades no verificaron todavía en la Argentina sino sólo como un fenómeno marginal.
Aunque los casos son muy minoritarios para cualquier empresa afrontar a un trabajador antivacunas representa un desafío. Si bien cuenta con el amparo de dos resoluciones del Ejecutivo que entre abril y junio de este año lo facultaron a convocar a la presencialidad a su personal vacunado con al menos con una dosis de cualquiera de las drogas contra el Covid 19 circulantes en la Argentina, al no ser obligatorio someterse a la inmunización la disyuntiva se hace evidente: un empleado que evitó vacunarse representa un riesgo para sí mismo y sus colegas, con todo lo que ello implica en términos sanitarios y económicos para su empleador.
El debate todavía en marcha a nivel internacional, con países desarrollados o estados norteamericanos que comenzaron a obligar a empleados públicos a vacunarse y a implementar pasaportes sanitarios, también se instaló en la Argentina no sólo por la medida que analiza la administración de Alberto Fernández, sino porque la semana pasada el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, lo anunció para los trabajadores del Estado provincial.
Fuente: Ámbito