El Gobierno trabaja en un proyecto, al que denominó “igualdad ante la ley” y que intentará impulsar en el Congreso. Incluye la eliminación de la figura del femicidio como agravante penal y algunos aspectos de la Ley Micaela.
El Gobierno de Javier Milei trabaja en un proyecto denominado “igualdad ante la ley”, con el cual se propone eliminar todo tipo de cupos y leyes que, según sus impulsores, se vinculan con la denominada “discriminación positiva”.
La iniciativa, que se pretende llevar al Congreso a partir del 1° de marzo de 2025, buscará derogaciones en diversas áreas, entre las que se incluyen los cupos laborales para personas trans, los documentos no binarios e incluso la figura del femicidio como agravante penal. La propuesta generó una fuerte controversia, especialmente por su alineación con los comentarios que el presidente pronunció en el Foro Económico de Davos.
“La idea es eliminar cualquier diferenciación que haya, ante la ley o el Estado”, señalaron desde Balcarce 50, sede de la Casa Rosada. No obstante, el proyecto no afectará leyes como el matrimonio igualitario ni la ley de aborto, las cuales quedarán fuera de la propuesta. Desde el Gobierno, insisten en que su objetivo es terminar con lo que consideran “normativas preferenciales” ante la ley, que crean, favorecen a determinados grupos en perjuicio de la igualdad.
Milei y su crítica a las leyes de género y la “ideología woke”
El discurso de Javier Milei en Davos dejó en claro la postura del Gobierno sobre estos temas. En su intervención, el presidente criticó abiertamente lo que considera una “apropiación” por parte del Estado de causas legítimas. “Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles”, sostuvo Milei. Este mensaje resuena en la propuesta que el Ejecutivo pretende presentar en el Congreso, centrada en eliminar diferencias legales que el presidente considera innecesarias y perjudiciales para la igualdad.
El proyecto, que ya se encuentra en proceso de redacción en Presidencia, cuenta con la supervisión de asesores cercanos al mandatario, como Santiago Caputo y María Ibarzabal Murphy. Esta última es quien lidera el equipo encargado de dar forma a la propuesta que busca anular leyes que incluyen desde los cupos laborales hasta la figura de femicidio. En relación a este último punto, desde el Gobierno afirman que no tiene sentido que una pena sea más grave solo por el sexo de la víctima: “No tiene sentido que una pena sea más alta si la víctima es hombre o mujer”, argumentan los asesores presidenciales.
La postura oficial sobre el femicidio y otros temas sensibles
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la posible eliminación del agravante penal para los casos de femicidio. Este agravante, que aumenta la pena de prisión perpetua para aquellos hombres que maten a una mujer en un contexto de violencia de género, podría quedar fuera del Código Penal, según las propuestas en discusión. A su vez, resta saber si el Gobierno buscará eliminar otras disposiciones como la reparación económica establecida por la Ley Brisa para los hijos de mujeres víctimas de femicidio.
Inicialmente, el proyecto también incluía la eliminación de los cupos laborales para personas discapacitadas, pero luego de algunas rectificaciones, el tema fue dejado fuera de la propuesta, al menos por el momento. En el Ejecutivo son conscientes de que la iniciativa podría encontrar una fuerte resistencia en el Congreso, pero no consideran que este obstáculo los frene.
“No vamos a dejar de hacer lo que creemos que tenemos que hacer por miedo a que lo rechacen”, aseguraron desde el Gobierno, destacando que esta propuesta será parte central de la agenda parlamentaria de 2025.
Explican que “seguramente también va a implicar terminar con algunos aspectos de la Ley Micaela”, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para las personas que trabajan en el Estado. La ley fue promulgada el 10 de enero de 2019 y lleva el nombre de Micaela García, asesinada en 2017, en Entre Ríos.
La eliminación de los documentos no binarios y la polémica sobre la ideología de género
Otro de los puntos clave del proyecto es la eliminación de los documentos no binarios, introducidos en la gestión anterior. Según fuentes de la Casa Rosada, actualmente se han emitido alrededor de 1200 documentos no binarios en todo el país. Esta medida generó un amplio rechazo en sectores de la comunidad LGTB+, que defienden la existencia y los derechos de las personas no binarias. La postura de Milei sobre este tema se alinea con su crítica general a lo que él llama la “ideología de género”, la cual, según dijo en Davos, constituye una “plaga” que amenaza el progreso de la sociedad.
Milei también fue tajante al referirse al colectivo LGTB+ y la agenda de género, afirmando que desde foros internacionales se promueve una agenda que busca imponer la idea de que “las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben”. Además, comparó la ideología de género con la pedofilia, una afirmación que generó una gran polémica a nivel nacional e internacional. “La ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos”, aseguró el mandatario, provocando el repudio de diversas organizaciones y sectores políticos.
El proyecto que el Gobierno tiene en mente para marzo de 2025, por lo tanto, no solo busca derogar diversas leyes, sino que también desafía paradigmas sociales sobre la igualdad de género y los derechos de las minorías. (Con información de La Nación)