“La educación no es una ecuación económica. Sin embargo, una vez más el gobierno nacional nos ha dado muestras de su insensibilidad social confirmando que no enviará a las provincias el fondo de incentivo docente, que es un componente del salario de nuestros maestros. El “castigo” prometido por Javier MIlei no está dirigido a los gobernadores, sino a la ciudadanía”, expresó el ex gobernador.
“Casi 12.900 millones de pesos destinó Sergio Massa durante 2023 a los docentes entrerrianos previsto en el Presupuesto que fue prorrogado este año. Sin embargo, el destino de esos fondos hoy es incierto”, señaló.
“Devaluación e inflación, pérdida permanente del poder adquisitivo y ahora retención de fondos que corresponden a nuestros docentes. Es imprescindible sentar posición para defender los intereses de los entrerrianos y generar acciones en ese sentido”, dijo Bordet.
“La educación ha sido una prioridad durante mis ocho años como gobernador de Entre Ríos y lo sigue siendo hoy. Hemos llevado adelante obras de infraestructura en toda la provincia, nuevas escuelas, extendimos las jornadas, cumplimos con los 190 días de clases, y hemos logrado acuerdos salariales por encima de la inflación junto al incentivo docente que nos transfería el gobierno nacional”, explicó el diputado de Unión por la Patria.
“Hemos decidido poner a consideración en el Congreso Nacional este proyecto para evitar la discrecionalidad en la transferencia de estos fondos destinados a los docentes y garantizar su continuidad”, finalizó.
Fundamentos
En los fundamentos del proyecto, se da cuenta que “desde la década de 1960 se realizaron profundas modificaciones al Sistema Educativo Nacional argentino no universitario. Entre las más significativas, el proceso de transferencia de los servicios nacionales a las Provincias, realizada sin los recursos financieros necesarios.
Especialmente entre 1992 y 1994, a partir de los cambios estructurales mediante la Ley Federal de Educación, se consolida la fragmentación del Sistema Educativo Nacional. El resultado de estos cambios fue la degradación de la política educativa nacional como política de Estado, y el sometimiento de los trabajadores de la educación una ampliación de la brecha salarial interjurisdiccional.
En 1998 se sanciona la Ley Nº 25.053 y el Estado nacional vuelve a participar del financiamiento educativo a partir de la creación del Fondo Nacional de Incentivo Docente(FONID).
Los recursos del FONID se encuentran afectados específicamente al mejoramiento de la retribución de los docentes de escuelas oficiales y de gestión privada subvencionadas de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, y de las escuelas e institutos oficiales dependientes de las universidades nacionales, de los ministerios del Poder Ejecutivo nacional, de otros organismos oficiales y de las escuelas dependientes de municipios.
Para el financiamiento del FONID se estableció la creación de un impuesto sobre determinados vehículos que fue derogado por la Ley de reforma tributaria Nº 25.239, sancionada en 1999. A partir de entonces, depende de Rentas Generales y queda establecido su monto en el Presupuesto Anual Consolidado.
En el año 2002, como secuela del agravamiento de la crisis a fines de 2001, el FONID no tuvo crédito y las transferencias comenzaron a realizarse con cargo a los fondos remanentes del crédito del año 2001. Se produjeron en consecuencia retrasos en la cancelación de las cuotas de incentivo.
Una vez superada la crisis de 2001, se restablece el financiamiento educativo por parte del Estado nacional con mayor protagonismo. Desde fines del 2003 el entonces Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación instaura un esquema de cancelación gradual de la deuda; y desde 2004 el Estado nacional comienza a cancelar dicha deuda con un adicional al incentivo.
A principios de 2005, se canceló el rezago de las transferencias del FONID. El rol activo del Estado nacional en el financiamiento educativo se consolida con la sanción de la Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo y las leyes de Educación Nacional y de Educación Técnico Profesional. El aporte, reflejado en el FONID y en la compensación salarial docente, promueve la reducción en la brecha de desigualdad salarial entre las jurisdicciones.
La vigencia del FONID se prorrogó de forma sucesiva desde 2004. La última prórroga se realizó a partir del 1 de enero de 2022 –por el término de dos años– en el marco del Decreto 88/22. Pasado un mes de la fecha del vencimiento, no ha sido prorrogado, y se genera una profunda incertidumbre en las comunidades educativas de todas las jurisdicciones. La gravedad de la situación es aún mayor, ante el inminente inicio del año lectivo.
Este Proyecto propone garantizar la continuidad del FONID por el plazo de cinco años más. Esto con el objeto de promover el cumplimiento de lo establecido por la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, que en su artículo 2° reconoce a la educación como prioridad nacional y política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación, y así garantizar el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender de los estudiantes y docentes de todo el país de forma equitativa”.
Firman además los legisladores Pablo Yedlin, Julio Pereyra; Wadalberto Allende; Jorge Ricardo Herrera; Maria Liliana Paponet; Victoria Tolosa Paz; Jorge Chica; Aldo Leiva; Hilda Aguirre; Gabriela Pedrali; Jorge Antonio Romero; Juan Manuel Pedrini; Nancy Sand; Eduardo Leandro Toniolli; Ernesto Ali; Silvana Ginocchio; Gustavo Carlos Miguel Gonzalez; Maria Natalia Zabala Chacur; Ana Maria Ianni; Andrea Freites; Estela Neder; Eugenia Alianiello, Tanya Bertoldi; Varinia Marin; Carolina Yutrovic; Pablo Todero; Martin Soria; Jorge Neri Araujo Hernández; Sabrina Selva; Sergio Casas; José Gómez; Pablo Carro; y Carlos Cisneros.