La obra social desde hace años no responde a los requerimientos del Tribunal de Cuentas (TdC). Fondos públicos y compras sin rendición, pagos a empresas intermediarias sin contrato, sobreprecios, déficit en el cobro de saldos pendientes a favor del organismo, licitaciones sin la publicación correspondiente, son algunos de los puntos que indica el informe que el TdC elevó al gobernador Rogelio Frigerio.
Luego de la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), el Tribunal de Cuentas emitió un informe sobre el estado de situación del organismo, en el que detectó numerosas irregularidades en las gestiones anteriores.
Expresa que existe una grave falta de transparencia en el manejo de fondos públicos, especialmente en el pago y gestión de deudas, contrataciones, realización de compras de bienes e insumos, entre otros. Además, deja en claro que la reciente intervención no exime de eventual responsabilidad al ex presidente de la obra social, como a sus funcionarios e integrantes del directorio.
El detalle
En primer lugar, el informe destaca que hace aproximadamente cuatro años que el Iosper no colabora con los requerimientos del Tribunal de Cuentas, lo que obstaculizó el control de la obra social, al punto que el organismo la intimó con apercibimientos de multas, muchas de ellas aún en trámite para ejecución, cuestión que le corresponde a la Fiscalía de Estado de la provincia.
El informe destaca hechos ocurridos durante la gestión anterior a la intervención, como la cantidad exorbitante de expedientes en los que se investigan y reclaman sumas de fondos públicos sin la debida rendición, como por ejemplo, la compra de 23.400 bolsones de pañales por la suma de 5.624.848 pesos (valor histórico) sin constancias que acrediten la recepción de los bienes adquiridos y la efectiva distribución en las agencias del Iosper.
En otro caso, el Tribunal de Cuentas cuestiona a las autoridades de la obra social por haber autorizado y librado pagos a favor de dos empresas intermediarias, rendidos a través de facturas por servicios de terceros, cuando no existía un contrato administrativo, además de tener un presunto sobreprecio del 55 por ciento, estimándose el presunto perjuicio fiscal en la suma de 31.128.776,72 pesos (valor histórico).
También el órgano de control resaltó en el informe que existen convenios de reciprocidad con otras obras sociales fuera de la provincia con saldos pendientes de cobro, lo que constituiría un presunto perjuicio fiscal. Igualmente, el Tribunal de Cuentas investiga la pérdida de dinero a causa de la falta del cobro de las deudas de los afiliados en concepto de coseguros y/o créditos asistenciales.
A su vez, el organismo informa que no pudo acceder a un detalle completo de la nómina de agentes que trabajan en la obra social bajo las diferentes modalidades de contratación y los salarios que perciben, adicionales y planilla de asistencia, por lo que no le fue posible realizar un control completo a pesar de haber encontrado irregularidades en el pago de adicionales e incompatibilidades de personal contratado con cargos políticos en otra jurisdicción.
El informe expresa que no existe el detalle de la deuda mantenida por cada municipio y cajas de jubilaciones municipales, que realizaron pagos con presuntos sobreprecios de insumos médicos, así como el pago de viáticos sin la debida rendición; detalla procedimientos con graves irregularidades en contrataciones y convenios con prestadores de servicios de salud fuera de la provincia, pagos con incrementos contrarios a las estipulaciones contractuales firmadas por la propia obra social, adjudicación a ofertas que superaban ampliamente el presupuesto oficial; e incluso el pago de anticipos no contemplados en los pliegos.
A su vez, resalta que el Iosper realizó licitaciones sin las publicaciones obligatorias para la legal difusión y sin intervención previa de la Contaduría General de la provincia. En un caso manifestó que se detectaron incluso pagos anteriores a la firma del contrato y con una actualización irregular del precio del orden del 60 por ciento en favor de la empresa privada; y un abuso del uso del mecanismo de compra directa (que es excepcional) sin constancias documentales.
El Tribunal de Cuentas manifestó que solicitó al Iosper en numerosas ocasiones que se rindan y expliquen los cuantiosos gastos realizados por diferentes actividades como las Olimpiadas del Iosper, contrataciones, detalle de la totalidad de los procedimientos de compras realizados en el Ejercicio 2023 (licitaciones públicas, licitaciones privadas, cotejos de precios, compras directas y compras directas por vía de excepción), fecha, adjudicatario, bien y/o servicio adquirido y monto; y que no obtuvo respuesta por parte de la obra social.