A través de la publicación del Decreto en el Boletín Oficial Nº28.331, el Gobierno de Entre Ríos aprobó el esquema de funcionamiento del “Programa Provincial de Seguridad Alimentaria – Riesgo Social” para el período enero-diciembre de 2026. La medida implica una reserva presupuestaria total de $6.266.880.000, administrada por el Ministerio de Desarrollo Humano.
La normativa establece que la Dirección de Políticas Alimentarias será el organismo ejecutor, encargado de la carga de padrones y la fiscalización del cumplimiento de los requisitos de ingreso, los cuales exigen que el grupo familiar no supere ingresos equivalentes al Salario Mínimo Vital y Móvil.
Focalización y criterios de exclusión
El programa se presenta como un “complemento” para sectores que han quedado por fuera de la asistencia del Estado Nacional. Según los considerandos del decreto, la provincia busca: “Individualizar la población objetivo del programa en relación al Programa Alimentar (Plan Nacional Argentina contra el Hambre) de manera que a partir del cruce de datos informáticos el gobierno provincial pueda brindar un complemento alimentario a aquella parte de la población que, encontrándose en situación de vulnerabilidad social, no cumple con los requisitos de ingreso al programa nacional”.
Debido a esto, la norma ratifica que el beneficio es incompatible con la percepción de la Tarjeta Alimentar nacional, basándose en un análisis de datos que detectó aproximadamente 24.000 familias en situación de vulnerabilidad sin cobertura federal en el territorio entrerriano.
Financiamiento y operatividad
Del monto total invertido, $6.220.800.000 corresponden directamente a las prestaciones para los titulares, mientras que $46.080.000 se destinan a la compensación por la operatoria con la tarjeta Sidecreer S.A., entidad financiera encargada de la instrumentación del pago.
Respecto a la finalidad del gasto, el decreto sostiene que se busca promover la autonomía en el consumo, permitiendo que el titular pueda: “Elegir libremente los alimentos, comprar de acuerdo a los gustos y hábitos del titular de derecho – siempre dentro de la lista de alimentos sugeridos desde el organismo ejecutor – promoviendo la autonomía en la selección de alimentos”.
Control y convenios locales
La implementación en territorio dependerá de la articulación con municipios, comunas y juntas de gobierno. Estas dependencias locales son las responsables de recibir la documentación (como la Certificación Negativa de Anses) y conformar los legajos físicos.
Finalmente, el programa contempla un sistema de monitoreo periódico mediante el cruce de datos con el SINTyS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social), lo que permite dar de baja automáticamente a los beneficiarios que dejen de cumplir con los criterios de vulnerabilidad socioeconómica establecidos. (APFDigital)