El plenario provincial de la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (Ajer) decidió continuar con las medidas de fuerza de retención de servicios de mañana y tarde, confirmó a AIM el secretario general del sindicato, Mario Brnusak. Reclaman recomposición salarial real inmediata, que no se prorrogue de la Ley de Emergencia y que el gobierno convoque a todos los sectores involucrados a debatir la forma de garantizar la sustentabilidad de Caja de Jubilaciones y el 82 por ciento móvil.
A un mes de iniciadas las asambleas, los judiciales profundizan el plan de lucha que implicará “dos horas de retención de servicio con quite de colaboración los lunes y jueves durante dos semanas desde el 5 de abril, quedando facultadas las filiales para determinar la modalidad y horario; y, además, para los organismos que tienen trabajo por la tarde la retención de servicio será de 18 a 20”, indicó el secretario general de Ajer.
Precisamente, los judiciales indicaron en un documento que sostiene el plan de lucha ya que comenzando el segundo trimestre de 2021 “el deterioro de los salarios continúa profundizándose producto de los insignificantes aumentos, de la Ley de Emergencia y de la permanente suba de precios”.
“Ni el gobierno nacional ni el provincial protegen los sueldos de los trabajadores: el primero porque no pone límite a los grandes grupos concentrados de la economía que manejan los precios de los productos de consumo masivo, permitiendo con su pasividad que en la disputa por la distribución del ingreso la balanza se incline en nuestra contra; y, el segundo, porque descarga sobre los salarios de trabajadores del Estado el ajuste de las cuentas públicas frente a las dificultades incuestionables que produce la pandemia”, precisaron.
En ese marco, subrayaron que “no es solidaridad quitarle compulsivamente ingresos a los trabajadores, y mucho menos justicia social, ya que ese ideal de una sociedad más igualitaria, que es nuestra aspiración y la de todos, no se logra a costa de los bolsillos de los asalariados”, e indicaron que los recursos que el Estado necesita para afrontar las difíciles circunstancias de la pandemia “debe conseguirlos imponiendo formas de recaudación sobre los sectores del capital concentrado que siguen teniendo alta rentabilidad. Esas serían medidas de justicia distributiva. En cambio, la Ley de Emergencia provincial y la inflación han significado para los trabajadores judiciales un deterioro real y abrupto de sus sueldos como no se daba desde la época de los federales”.