La semana próxima, los empleados del poder judicial de Entre Ríos realizarán asambleas de dos horas por turno, en rechazo al ajuste implementado a través de la Ley de emergencia y al aumento concedido unilateralmente por el gobierno, confirmó a AIM el secretario general de la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (Ajer), Mario Brnusak. Además, demandan que se constituya una mesa de diálogo; que se derogue la Ley de emergencia provincial o su finalización en junio, sin extensión hasta diciembre.
El plenario de ampliado de Ajer, con la presencia de la Comisión Directiva y de los secretarios generales de sus 15 Filiales, “se reunió ayer y resolvió comenzar un plan de lucha que implica retenciones de servicio de dos horas por día, dos veces por semana (lunes y jueves), durante cuatro semanas, comenzando el próximo 8 de marzo, en todas las oficinas del Poder Judicial de la provincia”, indicó Brnusak, quien destacó que se iniciarán las medidas el día del la mujer trabajadora, para recordar a las mártires de chicago y reivindicar al colectivo de mujeres y sus luchas.
El plan de lucha se aprobó “en rechazo al ajuste implementado a través de la Ley de emergencia y al aumento concedido unilateralmente por el gobierno; demandar que se constituya una mesa de diálogo; que se derogue la Ley de emergencia provincial o su finalización en junio, sin extensión hasta diciembre; que se convoque a todos los sectores involucrados en la Caja de Jubilaciones de la provincia a una mesa de diálogo (con todos los números de la caja sobre la mesa) para acordar las modificaciones que garanticen la permanencia del 82 por ciento y la sustentabilidad del sistema; y, también, reclamar al gobierno nacional para que ponga límite al saqueo al bolsillo de los trabajadores que realizan las grandes compañías que controlan monopólicamente los precios”.
El secretario de Ajer, recordó que el Poder Judicial “representa alrededor del nueve por ciento del gasto total en salarios del Estado provincial y que desde hace más de tres décadas se ingresa y asciende por concurso y se cuenta con una carrera administrativa transparente lo que garantiza la igualdad de oportunidades”, y, además, el sistema de concursos (defendido por Ajer) “produce una permanente auto-formación de los empleados, logrando personal con alta capacitación y con sólo 2.500 trabajadores administrativos, funcionarios y magistrados se atienden organismos judiciales en 56 ciudades a lo largo y a lo ancho de la provincia”.
En ese marco, indicó que el gremio logró, a través de los años, “que nunca tuviéramos adicionales ni pagos en negro, lo que protege el salario y garantiza el aporte sobre el 100 por ciento del sueldo a la Caja de Jubilaciones y al Iosper y se materializó materializar (en hechos concretos y no en declamación) el principio de equidad distributiva a través de la Ley de enganche; y salvo las primera semanas de cuarentena, el personal del Poder Judicial trabajó ininterrumpidamente desde el inicio de la pandemia, a través del teletrabajo (que generalmente ha implicado mayor cantidad de horas) o de turnos de mañana y de tarde, habiendo producido entre febrero y noviembre de 2020 48.211 causas nuevas, 70.484 resoluciones, 25.443 de las cuales son sentencias definitivas, 1.3 millones de actos procesales en todos los fueros e instancias y 460 mil presentaciones digitales de profesionales, además de las miles de causas de años anteriores que continúan su trámite”.
Un escenario complejo
El documento que elaboró el plenario de Ajer, enuncia que luego de un año sin aumentos “el gobierno depositó los sueldos de febrero/21 con un incremento del 15 por ciento, que en la mayoría de los casos es mentiroso ya que absorbe la suma fija que cobraban el 59 por ciento de los trabajadores judiciales, y porque muchos con el mencionado aumento ingresaron o subieron en la escala de los descuentos de la ley de emergencia, por lo que además se redujo el aumento en un 2, 4, o seis por ciento más. Es así que el incremento salarial real dista mucho del 15 por ciento anunciado, significando para los primeros cargos del escalafón con poca antigüedad cifras irrisorias, lo que ha generado mucha indignación, ya que lo que se da por un lado se quita por el otro”.
Una vez más, “el ajuste de las cuentas públicas y de la caja de jubilaciones recae sobre las espaldas de los trabajadores. Y si hablamos de la Caja de Jubilaciones, años de falta de valentía política de los sucesivos gobiernos (incluido el presente) han postergado irresponsablemente el debate que permita llegar a acuerdos sobre indispensables modificaciones que le den sustentabilidad, que no es otra cosa que garantizar a los actuales beneficiarios y a las generaciones futuras que el 82 por ciento móvil siga siendo una conquista y una realidad”, precisaron.
Además, indicaron que “esta inacción es -en parte- responsable del presente ajuste sobre los sueldos de los trabajadores. El otro elemento clave en esta ecuación de deterioro del salario, es la inacción del gobierno nacional en controlar la inflación. Que de la forma en que se dio no es otra cosa que el saqueo al bolsillo de los trabajadores por parte de los 15 o 20 conglomerados de empresas formadoras del precio de los productos de la canasta básica”.
También, dijeron que “Molinos Río de la Plata, Arcor, Aceitera General Dehesa, La Serenísima, P&G, Unilever, entre otras monopolizan el mercado imponiendo aumentos desmedidos frente a la tibia e ineficaz acción del gobierno nacional, que tiene como resultado el deterioro del salario, a través de la transferencia de ingresos de los bolsillo de los trabajadores a las grandes compañías monopólicas”.