Lo hará si sus reclamos siguen sin respuestas. Los dirigentes agropecuarios, por enésima vez, le pidieron una audiencia al gobernador Bordet. Danilo Lima
La cuestión impositiva, con eje en el inevitable aumento del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR), fue el tema excluyente durante la reunión que mantuvieron este lunes, en la sede de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), en Paraná, los integrantes de la Mesa de Enlace provincial.
Los referentes agropecuarios entrerrianos, según supo DOS FLORINES, resolvieron impulsar para los primeros días de marzo algún tipo de acción gremial directa –una movilización, seguramente– si es que para entonces no tienen respuestas a sus reclamos. La decisión está en línea con lo que exigen las bases ruralistas, cooperativistas y agrarias, quienes, cada vez más molestas, piden a la dirigencia agropecuaria profundizar el plan de lucha y, directamente, pasar del estado de alerta y movilización a protestas concretas.
La Mesa de Enlace, ante este escenario, volvió a solicitarle una audiencia al gobernador Gustavo Bordet –hace un año y medio que cada tanto reitera el pedido, hasta ahora con el silencio como única respuesta–, o, al menos, con el ministro de Economía, Hugo Ballay, el hombre que maneja los números del Estado provincial, y, por ende, el funcionario clave en esta instancia. Ballay, sin embargo, está de vacaciones, por lo que para una eventual reunión con él, los productores deberán esperar unos días más.
Los dirigentes, hasta el momento, se han mostrado muy cautos, aun a pesar de la fuerte presión de las bases, buscando tender puentes con la Administración Bordet para, en estos días, negociar una suba “razonable” de las alícuotas del IIR porque bien saben que un alza del valor del gravamen, ante una inflación en 2019 del 53,8%, resulta absolutamente inevitable.
Una herramienta clave.
Los productores cuentan a su favor con la Ley N° 8.672, de Valuaciones. La norma, puntualmente en el Artículo 9º, Inciso C, establece el procedimiento para la determinación de los “Valores Unitarios Básicos” por hectárea, aplicables a las parcelas rurales, sobre la base de las características de cada una de las 37 zonas agroecológicas en las que, para tal fin, se divide la provincia.
Las rentas, precisa la norma, se calculan teniendo en cuenta rendimientos físicos y precios del último quinquenio inmediato anterior al año en que se dispone la vigencia de las valuaciones. El cálculo inflacionario, además, se mide entre julio de 2018 y junio de 2019, y no sobre la base de la inflación de 2019.
La ley, en consecuencia, en tiempos de alta inflación, es favorable a los productores y allí reside, precisamente, cierta esperanza por parte de la dirigencia de que los números del IIR “sean razonables”.
Definiciones.
Daniel Kindebaluc, el presidente de Fedeco, en este sentido, señaló que los gobiernos “deben dejar de pensar al campo como una caja de donde sacar plata y tienen que comprender al sector como un actor dinámico capaz de sacar a la provincia y el país adelante”, dado que “el mundo demanda todo lo que producimos”. Pero, advirtió el también secretario de Coninagro, “tenemos el freno de mano puesto por la fuerte presión impositiva, es decir, es una oportunidad que estamos perdiendo”.
Según Elvio Guía, el vicepresidente primero de la Federación Agraria Argentina (FAA), básicamente, “hay incertidumbre y malestar ante la falta de definiciones provinciales y nacionales”.
“Si bien tuvimos algunas conversaciones con el Gobierno entrerriano, Bordet todavía no nos atendió y esto genera malestar en los productores, dado que la agricultura y la producción necesitan tener reglas claras para saber cómo sigue para adelante y esta incertidumbre sumada a los problemas impositivos generan malestar y las bases reclaman una definición o una acción directa con movilización en los primeros días de marzo”, explicó el federado.