Continúan las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores por la reversión de Ganancias. El Gobierno busca reducir al mínimo los giros discrecionales como parte del programa de ajuste fiscal
En los próximos meses, las transferencias a las provincias darán de qué hablar. En medio del ajuste fiscal que propone el presidente Javier Milei para 2024, los mandatarios del interior reclaman una compensación por la quita de Ganancias que se votó en el Congreso durante la campaña electoral. El Gobierno nacional espera una reversión de los cambios en el tributo, pero quiere compartir con los gobernadores el costo político de volver a incluir a los asalariados de la cuarta categoría, y aplicar una reducción de los envíos de fondos discrecionales como parte de la hoja de ruta para llegar al déficit cero.
El trabajo del Iaraf mostró que las transferencias automáticas agregadas sumaron en 2023 $13.101.00 millones, frente a los $6.500.000 millones para el mismo período del año anterior. Si bien la variación nominal fue del 100,7%, si se descuenta la inflación se observa una caída real del 14% en el mismo lapso.
Por coparticipación, los giros acumularon $13.092.000 millones, contra los $5.918.000 millones en 2022, por lo que la merma en términos reales fue del 3,5 por ciento según el análisis de la casa de estudios de Nadín Argañaraz. En concepto de leyes complementarias y compensaciones el Gobierno nacional envió el año pasado a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) $1.264.000 millones, lo que resultó en una caída del 12,1% real interanual.
“A precios de hoy, la caída real del consolidado de las transferencias totales en el año es de $1.169.000 millones. Si lo expresamos en términos per cápita para cada jurisdicción, se observa que las provincias que menos perdieron fueron CABA, Buenos Aires y Córdoba; las que más lo hicieron fueron Tierra del Fuego, Formosa y Catamarca”, destacó el Iaraf.
Si bien el total de las transferencias automáticas reales totales acumuladas fue menor a la de 2022, se mantuvo por encima de los niveles registrados durante los últimos ocho años. Lo mismo sucede con la coparticipación que le lleva a las provincias y la Ciudad.
Cabe recordar que la Ley de Coparticipación Federal dispone que, del total de impuestos coparticipables (principalmente IVA y Ganancias), 42,34% se los queda el Gobierno nacional, 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática, y 1% se reserva para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ese uno por ciento es el que distribuye con transferencias no automáticas o “discrecionales”, dado que pueden ser repartidas según la voluntad del Ejecutivo nacional, pero sin seguir ningún criterio ni prioridad establecidos de antemano.
Esa dinámica estará en el centro del debate entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores de cara al año que comienza. En la hoja de ruta del ministro de Economía, Luis Caputo, la intención es reducir los giros discrecionales tanto como se pueda para avanzar en un ajuste que permita alcanzar el equilibrio fiscal lo más rápido posible. El famoso “no hay plata” que repite Milei cada vez que puede.
La principal disputa por estas horas tiene que ver con la coparticipación, en particular por el impacto en las cuentas provinciales de unos 800.000 contribuyentes que quedaron exceptuados de Ganancias tras la última reforma votada en el Congreso. A modo de compensación los mandatarios del interior pidieron coparticipar el impuesto al cheque, algo en lo que no está dispuesto ceder el Presidente.
En La Libertad Avanza esperan que la reversión funcione como una moneda de cambio con los gobernadores para ganar apoyos en las votaciones sobre el proyecto de Ley Ómnibus y el DNU con el que buscan desregular la economía local. A pesar de los paquetazos de normativas, el proyecto para cobrar nuevamente Ganancias al segmento de asalariados formales de mayores ingresos no fue enviado todavía al Parlamento a la espera de que avancen las negociaciones que encabeza el ministro del Interior, Guillermo Francos.
La reversión de Ganancias aportaría al Tesoro Nacional 0,4% del PBI según los cálculos que publicó el Palacio de Hacienda. El costo fiscal que calculan los gobernadores es de $2,9 billones y que, de ese total, $1,7 billones será lo que resignen las provincias. Eso impacta también en el reparto hacia los municipios.
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PorAgustín Maza