La iniciativa fue trabajada en conjunto por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el secretario de la Vivienda, Iván Kerr y un grupo de legisladores oficialistas, liderados por Daniel Lipovetzky, titular de la Comisión de Legislación General.
La iniciativa, que ingresará a la Cámara de Diputados, deberá ser negociada con otros ya existentes: hay uno ya presentado por Lipovetzky y otros por la oposición (FpV, Movimiento Evita, Red por Argentina).
Además, deberá lograr un consenso para su tratamiento en vísperas de las elecciones, con un Congreso prácticamente en receso y otras iniciativas en carpeta como el reperfilamiento de deuda.
La iniciativa plantea que los alquileres se ajustarán a través de la evolución del índice de precios y salarios. En los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio del alquiler se fijará como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual, para contratos de menos de 650 Uvas -$26.600-, solo se podrán realizar ajustes utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que deberá ser elaborado y publicado mensualmente por el BCRA.
En tanto, establece que no quedarán a cargo del inquilino el pago de honorarios por la intermediación de un corredor inmobiliario, gastos de publicación, certificación de firmas y cualquier otro en el que incurriere el intermediario a efectos de perfeccionar o renovar un contrato.
Los plazos del contrato de alquiler serán por dos años, aunque llegado el día de vencimiento del contrato, la locación se prorrogará obligatoriamente por un año, salvo notificación fehaciente del locador o el locatario manifestando su intención de no renovarlo.
Otro punto de importancia es el de las garantías. Se podrán presentar la garantía de otro inmueble, un aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o una garantía personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos, o cualquier otro medio fehaciente.
Además, los contratos de locación de inmuebles deberán ser declarados por ante AFIP.
En diálogo con Ámbito Financiero, Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, sostuvo que no fueron consultados por el Gobierno para la elaboración de esta iniciativa pero celebró que el tema vuelva al Congreso “porque hay que aggiornarlo”.
Consideró que hay puntos del proyecto con los que acuerda y otros con los que no y detalló que es necesario que “los alquileres puedan indexarse para darle transparencia al mercado”, pero que habría que “debatir el método, que sea un equilibrio de partes entre propietario e inquilino”.
Además, rechazó la eliminación del pago de los honorarios de intermediación a cargo de los inquilinos. “Es una profesión altamente capacitada y si una persona quiere contratar, es justo que pague por ese servicio”, explicó.
Por último, anunció que la próxima se reunirá la Mesa de la Industria Inmobiliaria donde están todos los actores del sector (Asociación de Desarrolladores, Constructores, Ciencias Económicas, Arquitectura, Inmobiliarios, Propietarios e Inquilinos) para evaluar el proyecto de ley del Gobierno y proponer modificaciones si fueran necesarias.