Son cifras registradas desde 2006 hasta el 15 de junio pasado, período en el que se dictaron 206 sentencias. De los 1038 detenidos por crímenes de lesa humanidad, 602 están en prisión domiciliaria y 375 en cárceles federales. Hay 715 procesados y 36 prófugos.
Desde la reapertura de los procesos judiciales y la realización de los primeros juicios en 2006, 827 personas fueron sentenciadas en Argentina por crímenes de lesa humanidad, 750 de las cuales resultaron condenadas y 77 absueltas, según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Los sentenciados, así, son alrededor del 30 por ciento de los 2.780 imputados por crímenes de lesa humanidad en más de una década en todo el país.
Las estadísticas elaboradas por el organismo a cargo del fiscal general Jorge Auat -en base a la información remitida por las fiscalías que actúan en estos procesos- contienen los datos cerrados al 2 de marzo pasado y fueron publicadas esta semana en el sitio oficial del Ministerio Publico.”Sólo el 25% de aquellos que han sido condenados (un total de 187) tienen al menos una de sus sentencias firme. En el caso de los absueltos, el porcentaje de firmes es 17% (13 imputados)”, indicó la Procuraduría en el informe.
Mientras tanto, 118 causas -con 280 acusados- aguardan en todo el país la realización de un juicio oral y público, y en el horizonte hay sólo siete de ellas que tienen fecha de inicio, dos de las cuales -UP 1 de Córdoba y Megacausa II de San Juan- comenzaron en los últimos días, tras el cierre de datos del informe. Hay 16 juicios en curso en todo el país.
En este contexto, los imputados que transitan el proceso en libertad son más que los que se encuentran detenidos y entre los que están encerrados, la mayoría está en su domicilio: 1149 están en libertad y 1044 están detenidos, de los cuales 518 tienen prisión domiciliaria, 455 están efectivamente en cárceles federales o provinciales, 65 están en centros de salud o lugares de detención no penitenciarios.
Entretanto, de los 2780 imputados por el Ministerio Publico Fiscal desde la reapertura de los juicios hace más de una década, 794 se encuentran procesados (28 por ciento), 53 no llegaron a juicio porque fueron sobreseídos y otros 153 tienen falta de mérito.
El número global también tiene en cuenta a 467 que fallecieron y a los 45 que están prófugos: además, otros 438 están sólo imputados y de todos ellos sólo 27 han sido indagados, por lo que se aguarda respecto de estos últimos la definición sobre su estatus procesal.
La situación de todas esas personas ha tramitado y tramita en 593 causas judiciales abiertas desde el reinicio de los juicios, de las que formaron parte otras 257 que fueron unificadas a aquellas, dando lugar a las que se denomina “megacausas”.
De todos esos expedientes, al 2 de marzo pasado se había dictado sentencia en 175, mientras que otros 284 se encuentran en la etapa instrucción. A esas cifras se suman las 118 elevadas a juicio oral y público.
En 42 de las 284 causas que se encuentran en instrucción, la fiscalía ha formulado el requerimiento de elevación a juicio.
“El universo de causas en instrucción se sostiene como el más amplio. El hecho de que las investigaciones continúen activas, sumado a las demoras en la realización de las actuaciones en todas las instancias (instrucción y juicio), hace que persista un cuello de botella que impide un avance más veloz”, evaluó la Procuraduría en el informe.