Con la promulgación y publicación de la Ley 11.140, se estableció hasta el 31 de diciembre la “emergencia pública en materia de seguridad alimentaria” en la provincia. La norma habilita compra de alimentos de forma directa, amplía las partidas presupuestarias para la ayuda social y constituye una mesa de diálogo.
Este lunes se publicó en el Boletín Oficial 27.841 la promulgación de la Ley que pretende “garantizar la atención básica de la alimentación a través de la provisión de alimentos de calidad y la nutrición adecuada, priorizando la atención de la población en situación de vulnerabilidad social y en riesgo de subsistencia, mediante la habilitación de procedimientos administrativos expeditivos para la adquisición oportuna de alimentos, insumos de uso alimentario y enseres necesarios para su elaboración”.
La emergencia fue sancionada con fuerza de Ley el 25 de abril y a cuatro días de su sanción entró en vigencia, ante el complejo escenario político, económico y social en el que está sumida Entre Ríos ante el brutal ajuste que descarga el gobierno nacional de Javier Milei, crisis que se profundizó por la devaluación el impacto de la inflación, los tarifazos y el achique del acompañamiento del Estado nacional a los sectores más desprotegidos.
En ese marco, Frigerio logró que la Legislatura le apruebe el proyecto que anunció en la Asamblea Legislativa, pero el texto salió con modificaciones del Senado, que fuerzan al Ejecutivo provincial a constituir una Mesa de Diálogo Social, en la que deberán participar funcionarios de los ministerios, legisladores, representantes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de organizaciones inscriptas en el Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y de la Mesa Contra el Hambre de Entre Ríos.
La Mesa se deberá reunir una vez por mes y tendrá que analizar y realizar un diagnóstico de la situación alimentaría de la provincia; formular propuestas relacionadas a la implementación de políticas públicas; y propiciar la firma de convenios de cooperación.