La decisión del Gobierno de impedir a los municipios cobrar impuestos a través de las facturas de servicios fue oficializada con la publicación de la Resolución 267/2024 en el Boletín Oficial.
Esta medida, anticipada el martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca regular el uso de las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios.
La normativa, firmada por el secretario de Industria y Comercio, Pablo Agustín Lavigne, estipula que “la información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios deberá referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado” por el consumidor.
La resolución prohíbe que las facturas incluyan “sumas o conceptos ajenos” al bien o servicio específico.
Además, el Artículo 2° de la resolución establece sanciones para los municipios que no cumplan con la medida, señalando que “el incumplimiento será pasible de ser sancionado conforme al régimen de penalidades previsto en la Ley N° 24.240 y sus modificatorias”. Aunque la resolución ya está en vigor, se concede un plazo de 30 días para la adaptación a las nuevas normativas.
Luis Caputo argumentó que “los municipios están haciendo abuso de las tasas municipales”. Según el ministro de Economía, esta medida representa “un primer paso muy importante” para combatir el problema de las subas ocultas en las facturas de servicios.
Caputo también ejemplificó el caso del intendente de Lanús, Julián Álvarez, y el aumento de tasas a supermercados, así como el aumento en Pilar. Este problema se hizo evidente a fines de agosto, cuando la tasa de seguridad e higiene para hipermercados en Lanús se incrementó del 2,36 al seis por ciento de la facturación.
Impacto y advertencias para los intendentes
El ministro explicó que la normativa se dirige a las “reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales como la luz y el gas”.
Caputo mostró un ejemplo donde se veían múltiples cargos en una factura de gas, destacando que tales cargos “ya no podrán facturarse como parte del servicio”.
Insistió en que “para que se cobre una tasa tiene que haber una contraprestación” y advirtió que los intendentes deben centrarse en sus responsabilidades en lugar de imponer cargas adicionales a los ciudadanos.