La Regional XI de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) anunció que realizará una desconexión virtual el 9 y 10 de septiembre; rechazó en duros términos la ley de Emergencia 10.806; se pronunció en defensa irrestricta del sistema previsional entrerriano y reclamó al Gobierno “condiciones dignas de trabajo que garanticen la salud de alumnos y docentes”, confirmó a AIM su secretario General, Andrés Besel.
En diálogo con esta Agencia, Besel, que lidera el sindicato que nuclea a los docentes técnicos en Entre Ríos, rechazó la manera en que el Gobierno Provincial impuso de manera inconsulta “una ley de emergencia que nuevamente encuentra en el salario de activos y pasivos la variable de ajuste para intentar soluciones efímeras”.
Además, el docente señaló que el Gobierno, “se aprovechó de una situación límite provocada por la pandemia de Covid 19, ante la imposibilidad de las organizaciones gremiales de participar -Amet nunca fue convocada ni informada- para demostrar su malestar y descontento ante un nuevo avance sobre el salario de los trabajadores”.
El porqué de las medidas
El dirigente señaló que “las medidas se realizan, además, en virtud de la negativa del Gobierno a convocar a paritarias salariales, en rechazo a la ley de emergencia que afecta el salario a trabajadores activos y pasivos sin ningún tipo de debate, y en un trámite Exprés”.
También recordó que el 8 de julio, los sindicatos que representan a los trabajadores estatales en el Frente Gremial Docente de Entre Ríos, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), y la Unión de Docentes Argentinos (UDA), solicitaron al Gobierno que se retomen las negociaciones por la recomposición de los ingresos. “La patronal atentó contra la buena fe de ese tipo de mesas de acuerdos”, dijo Besel quien destacó que reclamaron ante la secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la provincia la inmediata continuidad de la paritaria salarial. “El 6 de marzo, la patronal se había comprometido mediante acta a realizar un análisis de la evolución de los índices inflacionarios durante el primer trimestre para formular luego una pauta salarial que contemple la variación de los mismos, pero eso no ocurrió”.
“Denunciamos el incumplimiento del artículo 6° de la Ley 9.624 de Convención Colectiva de Trabajo Docente, que obliga a las partes a negociar de buena fe”.
En rigor, en la presentación se recordó que las organizaciones concurrieron a la audiencia del 6 de marzo y se encontraron con la ausencia de propuesta por parte de la patronal, quedando la negociación irresuelta a partir de ese momento.
“Como es sabido, nuestro país se encuentra atravesando circunstancias excepcionales desde mediados de marzo a causa de la emergencia sanitaria, habiéndose dispuesto en todo el territorio nacional el aislamiento social, preventivo y obligatorio como principal medida para evitar la propagación del Covid-19. Sin embargo, transcurrieron ya cuatro meses de aquella audiencia y seis meses desde el último incremento salarial, no habiendo la patronal presentado ninguna propuesta de recomposición en ese lapso y generando así una pérdida en materia salarial que impacta directamente sobre la capacidad de subsistencia de un porcentaje considerable de trabajadores docentes y sus familias”, afirmó Besel.