Mientras el Gobierno avanza en el Congreso con un proyecto para bajar la edad de imputabilidad y reformar el régimen penal juvenil, un informe sobre la situación carcelaria en la Argentina vuelve a poner en cuestión la eficacia de las respuestas punitivas frente a la inseguridad. Los datos muestran un crecimiento sostenido del encarcelamiento, niveles persistentes de sobrepoblación y una población privada de la libertad mayoritariamente joven, en un sistema que ya funciona bajo fuerte estrés.
La iniciativa oficial —incluida en el temario de las sesiones extraordinarias— propone modificar la Ley Penal Juvenil y reducir la edad de imputabilidad, hoy fijada en 16 años, a un piso que el Gobierno busca ubicar entre los 13 y los 14 años, según las negociaciones en curso con bloques aliados. El proyecto apunta a ampliar la posibilidad de imputar penalmente a adolescentes por delitos considerados graves, bajo un régimen diferenciado, y es defendido por el oficialismo como una respuesta frente al aumento de la violencia y la reiteración de delitos cometidos por menores.
El debate legislativo se da, sin embargo, en un contexto penitenciario complejo. Según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), al que accedió elDiarioAR, en 2024 había 121.443 personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios de todo el país, la cifra más alta registrada hasta el momento. La tasa de encarcelamiento alcanzó las 258 personas cada 100 mil habitantes, con un incremento interanual del 7,1%, por encima del promedio histórico.
Ese crecimiento no estuvo acompañado por una mejora estructural del sistema. Aunque varias provincias ampliaron su capacidad penitenciaria, la sobrepoblación promedio a nivel nacional fue del 30,2%: en la práctica, por cada 100 plazas disponibles se alojaron 130 personas. Distritos como Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan y Tierra del Fuego superaron incluso ese promedio.
Uno de los datos más relevantes para el debate sobre imputabilidad es la edad de la población encarcelada. El informe muestra que el sistema penal argentino ya absorbe de manera temprana a jóvenes adultos: seis de cada diez personas presas tienen entre 21 y 39 años, con una fuerte concentración en el tramo de 30 a 39. En contraste, el grupo de 18 a 20 años representa apenas el 2% del total de personas privadas de libertad. Es decir, el endurecimiento penal previo no evitó que el encierro juvenil y joven se expandiera en las últimas décadas, publicó Diario.Ar.
También aparecen señales de alarma en el plano judicial. En 2024, si bien el 62% de las personas presas estaba condenada, más de 45 mil permanecían detenidas sin sentencia firme, una cifra que sigue creciendo en términos absolutos. Entre las mujeres privadas de libertad, la situación es más crítica: casi la mitad (48,6%) está procesada sin condena, doce puntos más que entre los varones.
El informe del CNPT aporta además un dato central para la discusión sobre política criminal: el 17% de las personas condenadas cumple penas de hasta tres años, generalmente por delitos no violentos como robos simples, hurtos, estafas o infracciones a la ley de drogas. Se trata de sanciones que, según el propio Código Penal, podrían ser cumplidas bajo modalidades alternativas al encierro, lo que vuelve a poner en debate el uso de la cárcel como respuesta casi excluyente.
En este escenario, distintos organismos de derechos humanos, especialistas en justicia juvenil y sectores de la oposición advierten que bajar la edad de imputabilidad podría ampliar aún más el universo de jóvenes bajo control penal, sin resolver las causas estructurales del delito. A esas críticas se sumó la Iglesia Católica, que rechazó la iniciativa oficial y reclamó “transformaciones profundas” centradas en la inclusión social, la educación y la prevención, en lugar de un enfoque basado casi exclusivamente en el castigo. (APFDigital)