Según indicaron, la sentencia —dictada en primera y segunda instancia— presenta “graves desviaciones del marco legal vigente” y genera preocupación por su impacto en la seguridad jurídica del sistema.
El caso involucra a un trabajador del transporte de 55 años, cuya incapacidad fue fijada en un 70% por la Cámara, aplicando el baremo Altube-Rinaldi en lugar del previsto por la normativa vigente. A partir de ello, se establecieron indemnizaciones que incluyen 410 millones de pesos por daño a la integridad, 30 millones por daño moral y 40 millones por daño punitivo, a lo que se suman intereses y costas.
Entre los principales cuestionamientos, el informe señala que el fallo omitió el paso obligatorio por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y declaró la inconstitucionalidad de distintos artículos de la Ley de Riesgos del Trabajo, la Ley 27.348 y normas provinciales vinculadas.
También se advirtió sobre la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor para fijar un daño punitivo —que actualizado asciende a unos 78 millones de pesos— en un ámbito que, sostienen, corresponde al sistema de la seguridad social.
En ese marco, se destacó que Entre Ríos registró en 2025 un crecimiento del 25% en la litigiosidad en materia laboral, muy por encima del promedio nacional, que fue del 6%.
Tras el rechazo del recurso extraordinario por parte del Superior Tribunal de Justicia, la aseguradora involucrada presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia.
El informe concluye que la intervención del máximo tribunal será “clave para restablecer la seguridad jurídica” y evitar que se consoliden criterios que, advierten, podrían afectar la sostenibilidad del sistema. (APFDigital)