El Congreso nacional inicia este lunes el período de sesiones extraordinarias, que se extenderá hasta el veintisiete de febrero, con una agenda impulsada por el Gobierno que combina reformas estructurales y temas de alto impacto político y social. Según pudo constatar AIM, la reforma laboral y la modificación del Régimen Penal Juvenil concentran las principales expectativas del oficialismo para este tramo del año parlamentario.
El temario fijado por el Poder Ejecutivo incluye el proyecto de Ley de Modernización Laboral, cambios en la normativa de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial, el tratamiento del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y la designación de Fernando Iglesias como embajador argentino ante la Unión Europea. A esa lista se sumó, mediante un decreto ampliatorio, la discusión del Régimen Penal Juvenil, que propone modificar la ley vigente y reducir la edad de imputabilidad penal de dieciséis a trece o catorce años.
En el caso de la reforma laboral, el Gobierno apunta a llevar el proyecto al recinto del Senado durante la segunda semana de febrero. La iniciativa ya cuenta con dictamen de mayoría desde diciembre pasado, pero su tratamiento fue postergado por falta de consensos. Fuentes legislativas consultadas por este medio indicaron que el oficialismo trabaja contrarreloj para asegurar el quórum y los votos necesarios, en un escenario atravesado por reclamos fiscales de las provincias.
Las negociaciones con los gobernadores se concentran en el capítulo impositivo del proyecto, particularmente en los cambios vinculados al impuesto a las Ganancias. Si bien varios mandatarios provinciales expresaron respaldo general a la reforma, persisten resistencias que condicionan el apoyo final. Desde la Casa Rosada mantienen una postura dura y hacen valer la negociación presupuestaria como principal herramienta de presión.
En paralelo, la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil vuelve a instalarse en la agenda legislativa empujada por hechos de inseguridad que generaron fuerte conmoción social. La iniciativa, que ya tuvo intentos fallidos en años anteriores, busca eliminar la figura de los inimputables y redefinir el abordaje penal para adolescentes involucrados en delitos graves. El debate arrastra antecedentes recientes de proyectos que no lograron llegar al recinto y terminaron perdiendo estado parlamentario.
Según supo AIM, el oficialismo confía en que el nuevo contexto político y el impacto de los últimos casos resonantes permitan avanzar esta vez con el tratamiento. Sin embargo, la fragmentación opositora y las tensiones internas entre los distintos bloques anticipan un recorrido legislativo complejo, marcado por negociaciones puntuales y acuerdos caso por caso.
Con un Congreso que vuelve a activarse en pleno verano y una agenda cargada de iniciativas sensibles, el período extraordinario aparece como una primera prueba de fuego para el Gobierno en dos mil veintiséis. La incógnita es si las mayorías necesarias alcanzarán para transformar los anuncios en leyes o si, una vez más, las reformas quedarán atrapadas en el laberinto parlamentario.