A partir de este martes, todos los celulares que sean denunciados como perdidos, robados o falsificados serán bloqueados y no podrán funcionar con ninguna red móvil del país. La medida forma parte de un plan integral que incluye inspecciones en galerías comerciales, la recuperación de equipos sustraídos e incluso controles a aparatos personales en la vía pública.
Se calcula que más de dos millones de teléfonos adulterados se darán de baja gradualmente; cuando se pretenda cambiar la tarjeta SIM de uno de estos dispositivos de la “lista negra”, el sistema se bloqueará y no se podrá conectar más a una red móvil. Según los expertos, se darán de baja a un promedio de 4000 celulares por día.
Más de 2500 millones de personas en todo el mundo usan smartphones. En la Argentina son 23,34 millones de personas, más de la mitad de la población. Con tantos dispositivos que valen cientos de dólares, el robo de teléfonos que alimenta el mercado negro ha crecido considerablemente en los últimos años. Para abordar este problema -económico, pero, especialmente, de seguridad pública- se darán de baja todos los celulares con un IMEI (el número de serie único de cada aparato) que sea “inválido”.
Se trata de una iniciativa en conjunto con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Dirección Nacional de Migraciones.
La lista negra
La GSMA cuenta con la base de datos más grande a nivel mundial sobre todos aquellos teléfonos cuyo número de IMEI fue denunciado como robado o extraviado. Esta Asociación es la que le informa los datos al Enacom para evitar que los aparatos vuelvan a ser activados en alguna de las redes de las empresas de telefonía. A nivel mundial, 122 operadores de 44 países aportan información de los teléfonos robados y extraviados a la “lista negra”. En América latina participan 52 operadores de 18 países.
“La realidad es que los fabricantes no tienen ningún incentivo ni obligación para mejorar sus dispositivos y hacer que sea difícil adulterar el IMEI porque la presión regulatoria está sobre los operadores”, sugirió Lucas Gallitto, director de Políticas Públicas para América latina de la GSMA.
Para Gallitto, algunas compañías tienen teléfonos que son fácilmente adulterables por medio de un software genérico que puede costar 20 dólares y requiere solo de una PC. Otras, como Apple, tienen dispositivos que requieren de un programa que puede costar hasta US$ 10.000 y necesitar de un mainframe (una computadora grande, potente y costosa) para poder cambiar el IMEI.
“No es negocio robar un iPhone X para adulterarlo, pero el incentivo de los delincuentes está en el valor de las partes, en especial la pantalla y la batería de estos aparatos de alta gama, además de en los datos personales, que son un ‘activo’ que se ofrece y se vende en el ‘mercado negro'”, continuó Gallitto.