La implementación de la Resolución Nº 530/2025 del Senasa, que establece el uso obligatorio de la caravana electrónica para la identificación ganadera, desató el rechazo de la Farer porque “ignora la realidad productiva del interior del país”.
Aunque la normativa ya está vigente, desde la Farer afirmaron que la medida carece de legitimidad territorial: “Una vez más se avanza con medidas de escritorio que no contemplan la realidad productiva ni las asimetrías existentes en el interior del país”.
“Se trata de una decisión adoptada sin el debido consenso con los productores, que vuelve a cargar sobre el eslabón primario nuevos costos, mayores exigencias administrativas y una complejidad operativa difícil de absorber, especialmente para los pequeños y medianos establecimientos. Una vez más, se avanza con medidas de escritorio que no contemplan la realidad productiva ni las asimetrías existentes en el interior del país”, enfatizaron.
Nuevo obstáculo
En el mismo sentido, agregaron que si bien comparten la necesidad de fortalecer los sistemas de trazabilidad y sanidad animal, “la obligatoriedad de la caravana electrónica, tal como está planteada, no garantiza mejoras concretas que justifiquen su imposición inmediata”.
Señalaron que, por el contrario, “corre el riesgo de transformarse en un nuevo obstáculo para la producción ganadera, en un contexto ya atravesado por alta presión impositiva y falta de incentivos”.
“Desde Farer sostenemos que cualquier avance tecnológico debe ser gradual, voluntario y acompañado por el Estado, y no una carga más impuesta al productor sin escuchar su voz”.
Pese a estar en total desacuerdo y haber presentado quejas formales ante las autoridades nacionales, desde Farer instaron a los ganaderos a informarse para evitar inconvenientes operativos.
Para clarificar el alcance de la Resolución 530/2025, la Federación publicó en su web (https://farer.com.ar/la-caravana-electronica-obligatoria-ya-esta-vigente-en-la-argentina/) un decálogo con los puntos clave y recomendó el contacto permanente con las sociedades rurales locales para coordinar los pasos a seguir ante lo que consideran un atropello a la producción regional. (APFDigital)