El Gobierno promulgó la Ley N° 27709, conocida como “Ley Lucio”, con el objetivo de prevenir la violencia y abusos en la infancia que surgió tras el asesinato de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que falleció tras recibir palizas permanentes de parte de su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de la misma, Abigail Páez, en Santa Rosa, La Pampa.
La normativa fue publicada este miércoles en el Decreto 253/2023 del Boletín Oficial y la ley cuenta con la firma del presidente Alberto Fernández, del Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.
La “Ley Lucio” tiene como fin establecer capacitaciones continuas, permanentes y obligatorias en derechos de las niñas, niños y adolescentes para “personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”.
La norma agregó además que “podrán también ser destinatarios del citado plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de aplicación de la presente ley”.
Desde el momento de la publicación de la ley en el Boletín Oficial, hay seis meses para elaborar “los contenidos del Plan Federal de Capacitación”.
El proyecto de ley impulsado tras la muerte de Lucio en noviembre de 2021 había alcanzado la media sanción en la Cámara de Diputados un año después y el pasado 13 de abril logró la aprobación definitiva en el Senado. .
Los principales puntos de la Ley Lucio son:
– Respetar la Convención de los Derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
– Formar y sostener vínculos de afecto y confianza durante la convivencia social para beneficiar al desarrollo de los niños. .
– Generar espacios y metodología para que los niños, niñas y adolescentes puedan alcanzar su derecho a ser oídos durante los procesos administrativos y judiciales, de modo que se habilita su participación en distintos ámbitos sociales y comunitarios.
– Propiciar la perspectiva de género y diversidades.
– Recomendar la protección de denunciantes en casos que se hayan vulnerado los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes mediante las autoridades administrativas o judiciales de protección de derechos.