El oficialismo incorporó un artículo en el proyecto de Presupuesto 2023 para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el Impuesto a las Ganancias, con lo cual se podrían sumar $237.000 millones a las arcas públicas.
El legislador entrerriano Marcelo Casaretto, autor de la iniciativa, argumentó que no se trata de una cuestión de “independencia del Poder Judicial”, sino de “justicia” para que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley en cuanto al tributo.
“Planteamos que con tantas necesidades que tiene la Argentina, tenemos que ver quiénes son los que tienen capacidad contributiva. Si hay gente que gana 2 millones de pesos y no pagan Ganancias, tienen que empezar a pagar. A esta altura del partido esto es un privilegio inaceptable”, enfatizó el diputado del Frente de Todos.
La propuesta cosechó el respaldo de algunos diputados de la Unión Cívica Radical y ahora se discutirá su inclusión durante la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller.
La idea de Casaretto viene a sumarle un grado más de tensión a la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial.
Hay dictamen
El Frente de Todos consiguió emitir dictamen de mayoría para el proyecto de Presupuesto 2023 con el respaldo de bloques provinciales. Para que el texto seá tratado en sesión el 25 de octubre, el oficialismo aceptó incorporar una cláusula como pedía Juntos por el Cambio para que si la pauta de inflación o la recaudación se supera, se envíe un proyecto de ampliación de los gastos y recursos.
En ese sentido establece que si “al 31 de agosto la tasa de inflación superara el 10% la meta establecida en el Presupuesto o los ingresos superan el 10%, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria” y fija que no se puede ampliar el presupuesto por decreto.
El despacho fue firmado por el Frente de Todos y Provincias Unidas, mientras que Juntos por el Cambio pidió unas horas para evaluar todos los cambios incluidos.
De esta manera, se respaldó el proyecto diseñado por el ministro de Economía, Sergio Massa, quien estima un aumento del 2% del PBI, una pauta inflacionaria del 60% y un descenso del déficit fiscal del 2,5% al 1,9%, que se busca con reducción de gastos y de subsidios.
Al comenzar el plenario, el presidente de la comisión, Carlos Heller, informó que se aumentan a $ 9.000 millones los fondos para los bosques nativos.
En cuanto al transporte de pasajeros, Heller puntualizó que se prorroga el fondo de compensación y se eleva de $ 66.000 millones a $ 85.000 millones.
Además dijo que se crea el Consejo Federal de Administración para aplicación de la tarjeta SUBE y subsidios por jurisdicción.
Sobre las deudas de Cammesa, Heller explicó que las provincias tendrán que controlar el pago de sus prestadoras al mercado mayorista y tendrán seis meses para regularizar esos compromisos.
Si bien hoy se incorporaron muchos cambios y se seguirán incluyendo otros, desde el oficialismo insisten en que esas reformas mantengan las variables económicas y no se aumente el déficit fiscal.
Si bien existen muchos pedidos de cambio, el Presupuesto ya tiene más del 65% de los fondos destinados a gastos sociales, incluidos los pagos de los diferentes planes de asistencia, así como las jubilaciones y pensiones, y se priorizarán los fondos para salud, ciencia y educación.
El proyecto estima un gasto total de casi $29 billones, con una recaudación aproximada de $22,5 billones y un déficit primario de $6,3 billones.