El fiscal federal Ramiro González, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 con competencia electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó que se hiciera lugar a un amparo presentado con el objetivo de prevenir “acciones masivas de desinformación” mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA) durante la campaña electoral.
En el dictamen, solicitó a la jueza María Servini que se requieran a las autoridades nacionales informes “sobre acciones de difusión y sensibilización planificadas o ya realizadas, relativas al proceso electoral en curso, particularmente, concernientes al voto informado respecto de la Boleta Única Papel como nuevo instrumento de votación”.
En esa línea, según informó el portal Fiscales.gob.ar, también sugirió la adhesión voluntaria al Compromiso Ético Digital 2025 que, para estas elecciones, propone la Cámara Nacional Electoral como herramienta para preservar el debate democrático en redes sociales y plataformas digitales y que suscriben partidos políticos, bloques parlamentarios, entidades periodísticas, empresas y plataformas.
El dictamen y la postura del MPF
En agosto de este año, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez realizó una presentación donde demandó una serie de acciones para garantizar el voto libre e informado y donde se cuestionó el uso no autorizado de la clonación de voz y rostro con Inteligencia Artificial.
Allí mencionó el uso de “deepfakes” en las campañas electorales. Puso como ejemplo la circulación de imágenes creadas mediante IA de Mauricio Macri y Silvia Lospennato durante los comicios porteños de 2025 y un caso de 2021 donde se utilizó esa modalidad para perjudicar al dirigente Mario Negri.
En su dictamen, el fiscal citó una serie de acordadas y resoluciones de la Cámara Nacional Electoral donde se plantea el “objetivo de construir conciencia ciudadana sobre el buen uso de las nuevas tecnologías de comunicación en el desarrollo del proceso electoral y contrarrestar la manipulación de contenido digital sin menoscabar la libertad de expresión, entendida como un instrumento necesario para garantizar la libertad de información y la formación de la opinión pública”.
“De acuerdo a la opinión de este Ministerio Público, no caben duda respecto a los riesgos que genera los ‘deepfakes’ para la actividad política en general y los procesos electorales en particular, afectados por actos de comunicación malintencionada, falsa o directamente difamatoria, mediante el recurso -a veces más, a veces menos, sofisticado pero igualmente pernicioso-, a la inteligencia artificial. En cierto supuestos, directamente un uso constitutivo de delito”, explicó el fiscal.
En el escrito, el representante del MPF indicó que el amparo se centraba en los usos no autorizados (o ilegales) de recursos que proveen las herramientas de Inteligencia Artificial. “Tal como sostiene el amparista, el recurso específico a la IA, luego virilizada en el espacio digital y utilizada como instrumento nocivo de cara a las elecciones, trasciende largamente las fronteras del Estado Nación en el sentido de una concepción ya añeja de la división política propia de los viejos mapamundis”, recalcó.
De acuerdo a lo expresado por el fiscal González, “no caben duda respecto a los riesgos que genera los ‘deepfakes’ para la actividad política en general y los procesos electorales en particular, afectados por actos de comunicación malintencionada, falsa o directamente difamatoria”.
“Es claro que convertir sin más, estrategias de comunicación digital de carácter político-partidario en actos prohibidos sería negar la conversación política en el espacio público”, aclaró para luego explicar que eso no implica que el espacio digital sea, o deba ser “una especie de zona liberada”. “Fundamentalmente, frente a los riesgos más severos de cara a elecciones, propias de un sistema democrático, en tanto proceso de decisiones colectivas construidas sobre la base de información veraz y de calidad”, agregó.
Sobre esa base, el fiscal federal recordó que los actos masivos de amedrentamiento y desinformación han concitado la atención de los actores del sistema de justicia y que, por lo tanto, parecía razonable demandar que otros poderes del Estado en el ámbito de sus competencias se involucren en acciones concretas como una demostración de preocupación y ocupación que refleje un interés compartido en la fiscalización, integridad y transparencia de las elecciones.
Según sostuvo el fiscal, y así lo solicitó a la jueza electoral, corresponde requerir informes a los organismos gubernamentales competentes y el cumplimiento de acciones concretas vinculadas con el uso ilegal o no autorizado de la IA, fundamentalmente, en el ámbito de la prevención. En particular acciones, programas o herramientas que promuevan el voto informado, “incluso trascendiendo lo específico de las “deepfakes”, pero que contribuyan a mitigar sus eventuales efectos”, según concluyó su presentación. (APFDigital)