La decisión se adoptó en una reunión de comisión que tuvo momentos de tensión por las acusaciones cruzadas entre diputados del macrismo, La Libertad Avanza y Unión por la Patria que rozaron el escándalo y por el cual el presidente de la comisión, Alejandro Finocchiaro amenazó en varias oportunidades con suspender el encuentro.
El dictamen de comisión -que reunió 18 firmas- se elaboró en base a las iniciativas impulsadas por Finocchiaro, Carla Carrizo (UCR-Caba) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-Caba), y quedó listo para ser tratado en el recinto.
La iniciativa declara a la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidas en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo.
En ese sentido señala que el Estado Nacional y las provincias deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente y deberán establecer un sistema de guardias mínimas obligatorias.
Finocchiaro dijo que “la educación debe proveer a nuestros chicos de libertad y por eso nuestro proyecto declara a la educación como servicio estratégico esencial” y señaló que “El Estado tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer los medios para garantizar una educación integral, permanente, gratuita y de calidad”.
El diputado Santiago Santurio (LLA-Buenos Aires) dijo que “en los últimos años la educación se ha degradado, venimos retrocediendo en alfabetización. Es importante que el dictamen sea tratado para que la educación sea un servicio esencial”
Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, señaló que “la propuesta del dictamen es un equilibrio que intenta resolver esa tensión de dos derechos que están en pugna, no hay en nuestro encuadre constitucional, normativo ningún tipo de derecho absoluto. Entonces nosotros buscamos y encontramos una redacción que equilibra y, de alguna manera, quita la tensión de dos derechos en pugna, pero que un derecho, que nosotros queremos poner en valor: el derecho del interés superior de los niños y niñas y adolescentes en nuestro país”.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, se quejó que no se hayan realizado reuniones informativas y denunció que están pasando cosas “raras con los giros a las comisiones, y algunos son innecesarios principalmente con los que somos opositores al Gobierno”.
La legisladora Carla Carrizo (UCR-Caba) aseguró que el proyecto “tiene su enfoque en los derechos de la infancia, no tiene que ver con el derecho laboral. No hay nada en contra de ningún docente ni del derecho de huelga, queremos docentes bien pagos y chicos estudiando. Es un enfoque avalado internacionalmente por los derechos de la Convención Internacional del Niño”
En cambio, la diputada Romina del Pla (FIT-Buenos Aires) expresó que “el objeto de estos proyectos es un engaño gigante porque si quieren garantizar la educación tiene que asegurar su financiamiento” y aseveró que “las familias padecen las políticas de los distintos gobiernos, no los paros docentes”.
Por su parte, la diputada entrerriana Blanca Osuna lamentó que “en un contexto de desfinanciamiento de la educación, y de un presidente que declara que viene a destruir el Estado, y la escuela es el Estado, el oficialismo dictaminó desde una mirada restringida de esencialidad que impide el derecho a huelga de los docentes”.
“La pregunta es inevitable: ¿Cómo pueden definir esencial aquello que quieren destruir? La esencialidad, tal como lo plantea el dictamen del oficialismo, restringe la posibilidad de pedir por mejoras de la calidad educativa que necesita de mejores condiciones también laborales”, planteó.