El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó un proyecto de ley que incorpora la figura de “vandalismo rural” en el Código Penal a raíz de los ataques a los silobolsas que se vienen registrando en campos del interior del pais, y en el que se establecen penas de prisión que se pueden extender hasta los cinco años.
La iniciativa de Massa, que también suscribe el diputado Ramiro Gutiérrez, tiene como objeto frenar los ataques a los silobolsas que almacenan la producción de soja que vienen sufriendo productores agropecuarios en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.
El proyecto propone equiparar los ataques a esos elementos de almacenaje como delito contra la propiedad e incorporar la figura de “vandalismo rural” al Código Penal con penas de prisión que oscilan entre los dos y cinco años.
La intención de la iniciativa es que este nuevo delito opere “como un daño especial y agravado cuando se afecta el desempeño o explotación de un establecimiento rural” para poder proteger ese ciclo de la producción de la economía nacional.
Los ataques penados incluyen cosechas, silobolsas, tolvas o cualquier unidad de almacenamiento.
De acuerdo al actual Código Penal se considera “estrago” a los daños a cualquier tipo de unidad de almacenamiento de cosechas, pero son de “aplicación imposible como defensa de la propiedad”, ya que se enmarcan dentro de los llamados “delitos contra la Seguridad Pública”, requiriendo para su configuración una lesividad superior y diferente a las del daño a la propiedad privada, explicó.
En la misma línea, el proyecto propone además penas de hasta 12 años de prisión por liberación de patógenos, tóxicos o energía, emisión de radiaciones, incendio, explosión, inundación, derrumbe, o cualquier otro proceso destructor que puede causar el delito de estrago y que genere un peligro para la vida.
En los fundamentos del proyecto Massa señaló que el Código Penal vigente “presenta una doble falencia que es necesario salvar. Por un lado, existe una laguna regulatoria sobre estas prácticas vandálicas como delito contra la propiedad y, por otro lado, algunas protecciones estaban incorporadas como modalidades de estrago, con el yerro, a nuestro juicio, de preverlas como delitos contra la seguridad pública”.
“Para salvar estas deficiencias legislativas y poder dar respuesta judicial certera y eficaz a las víctimas de estos atentados a la propiedad, decidimos crear la figura del ‘Vandalismo Rural'”, agregó.
Destacó además que “la naturaleza delictiva de las acciones tendientes a menoscabar el esfuerzo de la producción rural, hacen necesario dotar de instrumentos jurídicos eficaces para la protección de los productos obtenidos de la actividad agropecuaria en sus diferentes estadios, y a los cuales es necesario resguardar con la contundencia de la ley penal.”
Subrayó que el avance de la tecnología y las formas de producción y explotación de bienes y servicios “requieren de una nueva fórmula legal que, sin caer en una tipicidad casuística, resulte abarcativa frente a posibles acciones u omisiones de gran impacto, lesividad social y afectación de la seguridad pública”.